Telefónica se ha adjudicado en los últimos años el 90% de los contratos de telecomunicaciones de las instituciones vascas. La empresa que preside José María Álvarez-Pallete no sólo mantiene actualmente el contrato de la mayoría de las prestaciones telefónicas del Gobierno vasco, sino que ha invertido de manera conjunta con administraciones vascas un total de 28 millones de euros desde 2018 en diferentes planes que implican al Gobierno vasco y a las diputaciones forales y que tienen que ver en su mayoría con la extensión de la banda ancha ultrarrápida en zonas rurales y polígonos industriales. 

La mayoría de estos contratos públicos tienen como denominador común la presencia de Telefónica, único operador que se ha presentado a todos los concursos para la extensión de la banda ancha a lugares dispersos, que no entran habitualmente en las zonas de expansión de las operadoras y que están subvencionadas de forma importante por las diferentes administraciones. Las licitaciones las ha ganado en algunas ocasiones al presentar mejores ofertas frente a otros operadores, la mayoría de las veces Euskaltel, tradicional competidor de Telefónica en las licitaciones públicas vascas, aunque este operador, inmerso ahora en la OPA de MásMóvil por el 100% de la compañía y envuelto en la polémica política sobre la pérdida de arraigo de la compañía en Euskadi, no se ha presentado a todas las ofertas puestas en marcha por la administración vasca en los últimos años y en muchas de las licitaciones ha sido la de Telefónica la única oferta.

Este es el caso, por ejemplo del contrato del Gobierno vasco para la extensión de la banda ancha ultrarrápida en 144 polígonos industriales con 2.000 empresas, en el que Telefónica fue la única oferta presentada. 

Además de este contrato para los polígonos industriales, suscrito en 2018, desde ese año Telefónica se ha adjudicado otros importantes contratos con diputaciones, gobiernos y municipios dentro del programa de extensión de internet. 

Por ejemplo, se ha adjudicado el programa Araba Konekta, de expansión de banda ancha en los pueblos, y que ha supuesto 1.350 unidades inmobiliarias -sedes, hogares o empresas- en 166 entidades. Telefónica ganó la licitación  frente a un operador wifi.



La Diputación de Gipuzkoa adjudicó también a Telefónica en 2018 el primer programa de banda ultrarrápida a los baserris de Gipuzkoa en confrontación con un operador de wimax, y que en un principio se destinó a caseríos concretos. Ya este mismo año 2021 la Diputación Foral de Gipuzkoa ha adjudicado a esta empresa el segundo programa para llevar la banda ancha ultrarrápida a los baserris de Gipuzkoa al que no se presentó nadie más. El programa cubrirá 1.375 baserris del territorio guipuzcoano. 

En confrontación con Euskaltel se adjudicó en 2019 un total de 87 municipios vascos a través del Plan de Extensión de Banda Ancha (PEBA), que se corresponde con un total de 12.802 unidades inmobiliarias en 82 entidades.



Por su parte, la Diputación de Bizkaia adjudicó el año pasado a Telefónica el contrato para la extensión de la banda ultrarrápida  a la práctica totalidad de los municipios de vizcaínos, con un despliegue que comprende 601 zonas con 7.562 unidades inmobiliarias. A este contrato,  incluido en el programa Bizkaia Aurrera, se presentó también Euskaltel.

El contrato del Gobierno vasco de la polémica

Telefónica mantiene también el contrato para el grueso de las telecomunicaciones de los edificios del Ejcutivo. Este contrato, que se adjudicó en 2016 por 40 millones para un periodo de cuatro años, con posibilidad de prórroga de otros dos -situación en la que se encuentra actualmente- supuso un punto de inflexión en  la contratación de servicios de las administraciones vascas con Euskaltel que hasta esa fecha había conseguido hacerse con prácticamente todas las adjudicaciones fuertes con el Gobierno y diputaciones. 

Esta operadora denunció a  Telefónica ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia al considerar que la oferta realizada por Telefónica no era replicable por ningún operador sin incurrir en pérdidas. Competencia impuso a Telefónica una una multa de 8,5 millones, pero la Audiencia Nacional atendió al recurso de Telefónica y tumbó la sanción.