La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha terminado su investigación sancionando a 22 empresas de consultoría con multas que ascienden a un total de 6,3 millones de euros. El expediente sancionador identifica un "cártel" en Euskadi y en la zona norte al que acusa de manipular licitaciones públicas. En concreto, en el caso del País Vasco, se han determinado hasta 101 contratos irregulares con la Administración, entre los que figuran las siguientes instituciones: Ayuntamientos de Bilbao, Sestao, Barakaldo o Vitoria; diversos departamentos del Gobierno vasco, la Diputación de Bizkaia o el Puerto de Bilbao. Entre las consultoras sancionadas en el denominado por la CNMC como "cártel de la red de colaboración norte" destaca Deloitte con una propuesta de sanción de 3,9 millones de euros. La segunda consultora con mayor sanción impuesta es PwC, aunque con una cantidad mucho menor, 670.000 euros. La tercera, con 630.000 euros es Idom. Las actuaciones investigadas se centran desde 2008 hasta 2018.

La CNMC también ha sancionado a varios directivos con un total de 439.000 euros por estar involucrados  y ha activado el presupuesto legal para que algunas de estas empresas no puedan participar en próximos concursos organizados por las administraciones públicas. Un punto que podría ser especialmente lesivo para algunas de ellas, que cuentan con importantes contratos con las instituciones.  Además, de Deloitte, PwC e Idom, están también Altia Consultores, B+I Strategy, Competitividad Desarrollo e Innovación, Gestiona XXI Consulting, Indra, KPMG, Red2Red, Uliker-3 y 97S&F. 

Entre las propuestas de sanción a los directivos, destacan: Ana Andueza (Deloitte) con 55.000 euros, Leandro Ardanza (97s&F) con 55.000 euros, Sabin Azua (B+I Strategy) con 35.000 euros, Joseba Egia (97S&F) con 35.000 euros, Maryam Luzarraga (PwC) con 30.000 euros, Xabier Manterola (PA Consulting) 30.000 euros, Íñigo San Emeterio (Idom Consulting) con 24.000 euros y Marta Álvarez (Idom Consulting) con 12.000 euros. 

 

 

Este expediente tiene su origen en una investigación preliminar que inició en 2018 la Autoridad Vasca de Competencia (AVC) y que, tras realizar una serie de inspecciones, decidió remitir el asunto a la CNMC. El organismo nacional continuó con la investigación en octubre de 2018 realizando varias inspecciones en las sedes de las consultoras afectadas. Unas diligencias que le llevaron a 2019 a elevar el primer expediente sancionador. 

Modus operandi

Según se detalla en la sanción, las relaciones de confianza personales y profesionales de algunos de los directivos facilitaron el funcionamiento de estas redes. Entre ellos se apoyaban, según explica Competencia, para manipular los contratos públicos lanzados por las distintas administraciones afectadas. Generalmente se trataba de contratos negociados sin publicidad, en los que la administración invitaba a un número reducido de empresas para que presentasen sus ofertas en competencia.

Los implicados habrían aprovechado este procedimiento para servirse de las conocidas como “ofertas de cobertura”, un procedimiento por el que una de las invitadas a participar contactaba con otras empresas de su red de colaboración para pedirles que presentaran una oferta perdedora o, simplemente, que declinaran la invitación para participar en el proceso. En ocasiones incluso, la propia consultora era la que  elaboraba las ofertas de sus supuestos competidores o preparaba la carta de renuncia a la invitación. 

Gráfico que establece las relaciones entre las consultoras implicas. / CV

Mediante este sistema, de forma continuada, se elevaron los precios que pagaba la administración por los servicios de consultoría, se limitó el incentivo a la mejora en la calidad de los servicios y se impidió la participación de competidores ajenos a los cárteles

Consulta aquí el expediente: Ver