Iberdrola demanda a ACS por competencia desleal por denigrarla con Villarejo

El Juzgado Mercantil nº 4 de Madrid ha admitido a trámite una demanda de Iberdrola contra ACS por competencia desleal "al haber denigrado" a la eléctrica para "menoscabar su crédito en el mercado", a raíz de su implicación en el caso que investiga los negocios del excomisario José Villarejo. Los hechos parten de la noticia publicada el pasado 22 de febrero por El Confidencial, titulada "Florentino Pérez prepara una demanda de 2.600 millones contra Iberdrola por Villarejo", cifra que según este diario se correspondía con el daño causado por el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por impedir que la constructora hubiese podido tener representación en el consejo de la eléctrica.

El presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, se encuentra personado como acusación particular por la presunta contratación del excomisario José Villarejo por Iberdrola para espiarlo, chantajearlo y frenar la intención de la constructora de estar en el consejo de administración de la eléctrica. El juzgado rechazó el pasado 2 de junio las diligencias preliminares solicitadas por Iberdrola, y tras este rechazo la eléctrica ha optado por presentar la demanda, informa Efe.

Aunque no cuantifica el perjuicio y se reserva expresamente poder hacerlo en el futuro, Iberdrola entiende que "el daño a su imagen, credibilidad y reputación corporativa genera un perjuicio que lejos de ser abstracto, es inmediato y duradero", ya que afecta a la marca como expresión de su prestigio y reputación". Además genera desconfianza en los inversores, clientes y mercados, lo que "va más allá de la incidencia concreta que pueda tener en la cotización de las acciones en determinados días o periodos".

Guerra ACS-Iberdrola

El conflicto entre ambas se remonta al año 2012, cuando la Audiencia Provincial de Vizcaya rechazó un recurso de ACS contra una sentencia que avalaba la decisión de Iberdrola de impedir el acceso de la constructora a su consejo de administración, al entender que ambas son "directa y efectivamente competidoras" en áreas concretas. Esta fue, sostiene Iberdrola en su demanda, "una de las operaciones frustradas más importantes de las dos últimas décadas en el panorama empresarial español".

Y ya en 2015, el Tribunal Supremo anuló varios acuerdos de la junta de accionistas de Iberdrola de 2011 recurridos por ACS, aunque avaló la limitación de los derechos de voto de la constructora, que constituía el eje principal del conflicto. La noticia de se publicó dos días antes de la presentación de resultados de 2020 de Iberdrola, algo que de ninguna manera "puede considerarse como casual, sino más bien evidencia mala fe y búsqueda intencionada de generar el mayor perjuicio posible".

Se trató, sostiene Iberdrola, de "una maniobra torticera y malintencionada para, de forma burda, avisar y/o amenazar a los inversores, accionistas y clientes de que ACS tiene intención de presentar una demanda por un importe a todas luces desproporcionado".