172 días lleva la plantilla de Tubacex en huelga para exigir la readmisión de los trabajadores despedidos en un ERE que ha sido anulado por el TSJPV. Un largo conflicto que parece que quedará pendiente hasta después del verano, agravando la situación de la empresa, cuya dirección ha alertado en reiteradas ocasiones de que las plantas vascas se encuentran en grave peligro después de más de medio año prácticamente paradas, perdiendo pedidos presentes, y sobre todo futuros, por el daño en la imagen de la empresa que supone un conflicto tan alargado en el tiempo.

Mientras tanto, la plantilla, cada vez más dividida sobre la necesidad de continuar con la huelga, y sin posibilidad de manifestarse porque la mayoría del comité está tomando todas las decisiones respecto al conflicto sin consultar a la asamblea, esta atrapada en un bucle de pulsos y demostraciones de fuerzas sindicales y empresariales: ninguna de las partes quiere que el fin del conflicto se vea como su fracaso o su claudicación. Ni los sindicatos quieren ceder, ni la empresa retirar el recurso ante el Supremo contra la sentencia que anula el ERE y que hoy en día condiciona todo posible pacto. "El acuerdo se busca por ambas partes y ambas hacen cesiones para conseguirlo", argumentaba el viernes la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, pidiendo a dirección  y sindicatos que negocien un acuerdo cuanto antes.

La huelga de Tubacex se está presentado como bandera sindical contra los despidos en tiempos de pandemia por parte del sindicato LAB, pero sobre todo por ELA,  central mayoritaria en el comité, acostumbrada a alargar los conflictos en el tiempo como muestra de fuerza, y con una caja de resistencia lo suficientemente potente como para que sus afiliados puedan mantenerse en el conflicto sin que haya fisuras. 

La situación del resto de la plantilla es diferente. Aunque otros sindicatos como LAB o STAT también tienen algunas ayudas para los huelguistas, que ya se han acabado, y que la kutxa solidaria que se montó para paliar la falta de fondos se ha engordado ahora con el compromiso de los despedidos readmitidos de que donarán parte de sus salarios, la desazón es cada vez mayor entre muchos trabajadores a los que les cuesta llegar a fin de mes, a las puertas de unas vacaciones que la empresa ya les ha comunicado no pagará mientras dure una huelga, a la que sólo se opone ya abiertamente CCOO, que pide un referéndum. ELA y LAB quieren mantenerla  mientras no se garantice que la readmisión de los despedidos no tiene vuelta atrás, mientras que STAT no quiere salirse del carril de la mayoría -se abstuvo en la última votación del comite en la que se decidió seguir con la huelga en la que solo votaron a favor ELA y LAB-.

Conflictos largos como presión

Los conflictos largos como medida de presión son una especialidad del sindicato ELA, que lleva desarrollándolos desde hace años con mayor y menor éxito en cuanto a los resultados finales, pero que le sirven para reforzar su  estrategia de confrontación que inició hace años y que quiere mantener como seña de identidad. El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza así lo reivindicó a su llegada al cargo en 2019. "Tenemos que prepararnos para huelgas largas", dijo, dando continuidad ha una estrategia que ya habían arrancado sus antecesores en el cargo mucho tiempo antes. 

Quizá el más largo fue el de la empresa Caballito que marcó un antes y un después en la forma de entender los conflictos por este sindicato. ELA capitaneó desde la presidencia del comité 745 días de huelga en la planta alavesa de Pferd Ruggeberg, multinacional alemana conocida como Caballito, entre noviembre de 2003 y el mismo mes de 2005.

También fue un conflicto largo y convertido en toda una bandera sindical el de las residencias de Bizkaia, que con 370 jornadas de paro se convirtió en la más larga de este territorio y que finalizó en 2017.

De igual forma, las trabajadoras de las residencias de Gipuzkoa, acumulan ya 250 jornadas de paro.

Tubacex va sumando jornadas de paro cada día, ganando posiciones en ese ránking, entre los llamamientos del Gobierno vasco a negociar y la cerrazón de las partes.