Deloitte, PwC y PA han cambiado sus equipos de trabajo con la administración tras el caso del cártel

De las seis consultoras más destacadas en Euskadi sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de amañar contratos públicos pactando ofertas de cobertura, al menos tres han cambiado la estructura que dirige el departamento de consultoría con la Administración Pública. Se trata de Deloitte, la más afectada con más de 80 licitaciones investigadas, PwC y PA Consulting, ambas con 9 licitaciones en las que Competencia detectó irregularidades dentro del caso por el que sancionó a 22 empresas de consultoría con multas que ascendieron a un total de 6,3 millones de euros. El expediente sancionador identificó un "cártel" en Euskadi y en la zona norte al que acusó de manipular licitaciones públicas. En concreto, en el caso del País Vasco, se detectaron hasta 101 contratos irregulares con la Administración. 

El caso es que, bien sea por cambios organizativos, renovación de equipos o aplicaciones de los códigos de responsabilidad interna o 'compliance penal', de los responsables que las seis consultoras vascas a las que se detectó esta actividad entre 2009 y 2018, tres ya cuentan con otros profesionales en esos desempeños. Se trata de Deloitte, PwC (PriceWaterhouseCoopers) y PA Consulting. Competencia sancionó a Deloitte con 3,9 millones de euros y a su responsable, Ana Andueza, con la multa más elevada, 55.000 euros. Andueza, que era socia de Deloitte, ya no está ligada profesionalmente al despacho y actualmente es vicepresidenta de la Fundación Novia Salcedo. A Andueza se le detectaron mails en los que Competencia concluyó que se probaban coberturas para hasta 53 licitaciones. 

En el caso de PwC, la responsable de consultoría de gobierno y sector público durante esos años era Maryam Luzárraga, con muchos menos contratos que en el caso de Deloitte, solamente cuatro, la sanción que impuso Competencia ascendió a 30.000 euros. Luzárraga abandonó en diciembre de 2019 su puesto como responsable de sector público en PwC.

La otra consultora que ha modificado la estructura de personal dedicada al asesoramiento de la Administración Pública es la multinacional PA Consulting. En el expediente sancionador, Xabier Manterola, que era identificado como director, aunque no tenía poderes ni firma legal, recibió una multa de 30.000 euros que, posteriormente se redujo a 18.000 euros por la colaboración que prestó la entidad en la investigación y el reconocimiento de los hechos. En este caso, los contratos identificados fueron también solamente cuatro. 

De las otras tres consultoras implicadas, 97 S&F, B+I Strategy e Idom, destacan las dos primeras. Su participación en el cártel, según se desprende del expediente sancionador de la CNMC es, junto a Deloitte, el más elevado. Así, al responsable de 97 S&F, Leandro Ardanza, se le encontraron mails sobre los que se concluyó la preparación de hasta 58 adjudicaciones por lo que Competencia fijó una sanción para él de 35.000 euros. En el caso de Sabin Azua, consejero delegado de B+I Strategy, la multa ascendió a 35.000 euros por la imputación de participación directa en la manipulación de 17 adjudicaciones.  Estos dos últimos siguen al frente de sus consultoras, si bien en este caso hay que tener en cuenta que se trata de fundadores de las entidades y máximos accionistas.