El Gobierno vasco le compra a Arcelor Mittal su vieja fábrica de Zumárraga por 7 millones

El Gobierno Vasco y ArcelorMittal han cerrado la compraventa de parte de los terrenos de la antigua fábrica de la empresa ubicada en Zumárraga (Gipuzkoa), sin actividad desde el año 2016. El precio acordado para la operación es de 7 millones de euros y está previsto que se formalice a lo largo de este mes. Se trata de una nueva operación realizada por la sociedad pública que gestiona los suelos industriales en Euskadi, Sprilur, y que suma a la que ha permitido también en la localidad guipuzcoana de Legazpi recuperar los antiguos terrenos de Sidenor, con una inversión de 15 millones de euros. 

El espacio de la fábrica de ArcelorMittal abarca unas 15 hectáreas ubicadas en el municipio guipuzcoano de Zumárraga, donde se encontraban, por una parte, los trenes de laminación y, por otra, lo que hasta la fecha constituía el almacén de chatarra, que será trasladado a otra ubicación. El precio acordado para la compra-venta es de siete millones de euros, tras haber deducido del valor de tasación, tanto la estimación del coste inherente al pasivo medioambiental de los suelos (tareas de descontaminación que asume, en esta ocasión, la parte compradora), como la actuación, que también asumirá la Administración vasca, para sacar a cielo abierto una parte del cauce del río que discurre de forma soterrada por debajo de la antigua fábrica.

El Gobierno Vasco ha enmarcado esta operación como parte de su política de regeneración y, según el acuerdo alcanzado, la Administración asumirá el coste de la descontaminación de su suelo, teniendo en cuenta además que la actividad que allí se va a desarrollar es distinta a la original. "Se trata de una actuación de regeneración de un área degradada y, por tanto, enmarcada en lo que debe ser, cada vez más, la misión de Sprilur" han precisado desde el departamento que dirige Arantxa Tapia.

Está previsto que a partir del otoño de 2021 pueda activarse el proceso de desmantelamiento con la correspondiente tramitación para la futura demolición de los edificios existentes, y la intervención para la descontaminación de suelo.