La central nuclear de Garoña ha arrancado ya los trabajos para acometer el vaciado del combustible radiactivo usado que se encuentra en estos momentos en la piscina del edificio del reactor. Según han confirmado fuentes de Enresa, se están realizando "pruebas funcionales con uno de los contenedores adquiridos para el almacenamiento en seco del combustible gastado". Este es el primer paso para iniciar el vaciado de la piscina propiamente dicho, que se producirá ya en los primeros meses de 2022 con la carga de los primeros cinco contenedores que están ya en las instalaciones de la central. 

Esta delicada operación no será más que el primer paso, porque en total deberán llenarse 49 contenedores, que una vez cargados con el combustible gastado en el reactor, se almacenará en el ATI (Almacén Temporal Individualizado), una infraestructura ya edificada en las instalaciones de la central nuclear.  Con ellos se almacenará todo el combustible gastado  en Garoña, incluido el combustible de alto quemado y dañado: 2.505 elementos en total. 

El arranque de las pruebas para el vaciado de la piscina de combustible supone el primer paso de un complejo proceso de desmantelamiento de la central ubicada en la provincia de Burgos, pero a muy pocos kilómetros de Vitoria, que se produce en un momento en el que las centrales nucleares activas en España han recuperado el protagonismo informativo tras amenazar las eléctricas con un 'apagón nuclear' en forma de cierre anticipado de las centrales y bloquear el sistema energético si el Gobierno no da marcha atrás en su decisión de recortar los beneficios de las empresas -los denominados beneficios caídos del cielo que reciben por no emitir CO2- para abaratar el recibo de la luz.

En estos momentos, las compañías tienen firmado un acuerdo con el Gobierno para el desmantelamiento y el cierre de sus instalaciones entre 2027 y 2035, pero consideran que las modificaciones legislativas las harán inviables. Esta amenaza sobre la mesa ha puesto de manifiesto la importancia que tiene todavía la energía nuclear en el mix energético, ya que un posible cierre anticipado alteraría todo el suministro. Actualmente operan siete grupos nucleares (Almaraz 1 y 2, Trillo, Cofrentes, Vandellós 2 y Ascó 1 y 2), cuya propiedad se reparten entre Endesa e Iberdrola, principalmente, y en menor medida Naturgy y EDP y cuya producción ronda el 20% del parque energético nacional.

El cierre de estas empresas, no obstante no es algo que pueda hacerse sin permiso del Gobierno. De hecho, Nuclenor, sociedad propietaria de Garoña participada por Iberdrola y Endesa, tuvo que hacer frente a una multa de casi 19 millones de euros por cerrar la central en 2012, seis meses antes de lo que correspondía.

Hoy en día, nueve años después de ese cierre, Enresa, la empresa pública que se ocupa del tratamiento y gestión de los residuos radiactivos, está a la espera de recibir la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para iniciar el desmantelamiento de la central.

La documentación para solicitar la autorización de transferencia de titularidad y del arranque de  la primera de las dos fases en las que se ha programado el desmantelamiento se presentó en mayo del año pasado, y en mayor de este año finalizó la información pública de esta primera fase. "Una vez recibido el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear, y previos los dictámenes e informes que correspondan, incluida la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el ministerio adoptará la resolución que corresponda", señalan fuentes de Enresa.

Mientras esta resolución se hace efectiva, Enresa trabaja junto con Nuclenor, empresa propietaria de la central, en las actividades preparatorias, como las caracterizaciones radiológicas, la eliminación de riesgos convencionales o la puesta fuera de servicio de sistemas no necesarios para el desmantelamiento.

En estas actividades preparatorias se enmarcan también las pruebas funcionales con uno de los contenedores adquiridos para el almacenamiento en seco del combustible gastado. Estos contenedores se han adquirido a  la empresa cántabra Ensa.

Un proceso de diez años y más de 600 millones

El desmantelamiento de Garoña tardará en su conjunto alrededor de diez años y precisará una inversión de más de 600 millones de euros.  

Los trabajos se desarrollarán en dos fases: la primera fase incluye la carga del combustible de la piscina junto al desmontaje del edificio de turbina para acondicionarlo como edificio auxiliar de desmantelamiento. Durará tres años. La segunda fase está prevista que arranque en  2025, con una duración de 7 años. En ella se procederá al desmantelamiento del reactor, así como del resto de edificios con implicaciones radiológicas, siguiendo con las actividades de descontaminación, desclasificación y demolición de edificios, para concluir con la restauración ambiental del emplazamiento.