Iberdrola  incrementa la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez para que de marcha atrás en sus medidas para abaratar el precio del recibo de la luz. De entrada ha decidido paralizar sus proyectos de renovables en España por su "bajada de la rentabilidad", y revisará al alza las tarifas de clientes industriales y grandes empresas con contratos a largo plazo, afectados por las medidas aprobadas por el Ejecutivo.

Una vez que ha entrado en vigor el decreto que obliga a nucleares, hidroeléctricas y renovables sin primas a devolver los beneficios "extra" que generen hasta marzo de 2022, Iberdrola está informando por carta a los proveedores, de que ha decidido paralizar los procesos de licitación en curso de bienes y servicios asociados a la construcción de nuevos proyectos renovables en España hasta haber llevado a cabo una evaluación en detalle de su viabilidad económica tras la entrada en vigor del real decreto.

Según la compañía, esta decisión es el resultado de un primer análisis sobre el impacto que el real decreto tiene respecto a la rentabilidad de instalaciones renovables (muchas de las cuales se construyen mediante contratos de suministro a largo plazo conocidos como PPA).

En la comunicación, la compañía detalla que quedan excluidos de la paralización los proyectos que tengan reconocido un marco retributivo (subastas o primas).

Esta decisión supondrá un fuerte impacto en toda la industria proveedora de Iberdrola,  también en la vasca, donde se encuentran muchos de sus proveedores y colabora con más de 600 empresas vascas de forma habitual.

Hay que tener en cuenta que Iberdrola tiene programadas inversiones  de más de 7.000 millones d euros en renovables hasta 2025 en España.  En Euskadi, tiene también muchas inversiones pendientes, a través de empresas de renovables en las que participa con el Gobierno vasco como Aixandear, eólico, y Ekienea, en solar. Sánchez Galán calculaba a principios de verano que las inversiones que realizara en distintos proyectgos supondrían un impacto económico en Euskadi de más de 15.000 millones de euros hasta 2025.

Renegociación de tarifas a grandes empresas

En cuanto a la comunicación a los grandes clientes en las que les emplaza a renegociar las tarifas que pagan, Iberdrola señala que el decreto  "impone" un coste a las citadas plantas que se calcula como la diferencia entre el precio actual del pool y una situación de precios inferiores basada en un menor coste del gas natural, explican desde la eléctrica. "Muchas instalaciones sin emisiones contaminantes que ya tenían cerrado un precio fijo a largo plazo con clientes y por lo tanto no ingresan los elevados precios del mercado spot, se van a ver afectadas por este nuevo pago", según la compañía. Ese nuevo "nuevo coste" representará más de 70 euros/megavatio hora (MWh) y, considerando el precio del suministro de electricidad establecido en el contrato, "se produce una situación de manifiesto desequilibrio" por una circunstancia "extraordinaria, imprevisible y sobrevenida" que hace insostenible su continuidad (de las prestaciones del contrato) en las condiciones económicas aplicadas, señala Iberdrola en las misivas.

"La voluntad es el mantenimiento del contrato en condiciones en las que quede restablecido el equilibro económico, por ello les emplazamos a negociar las condiciones de económicas que se aplicarían de forma temporal para el periodo en que estén vigentes los efectos de las medidas del real decreto-ley", añade Iberdrola.



La eléctrica apunta en sus misivas que, en todo caso y sin perjuicio de su aplicación temporal, en el momento en que estas medidas pudieran ser revertidas por decisión del Gobierno o de los tribunales "se procederá a regularizar el precio procediendo a la devolución del importe que corresponda".

Preocupación en el Gobierno

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado que el Gobierno ve con "cierta preocupación" las cartas que están enviando las eléctricas a sus clientes con revisiones de tarifas que, a su juicio, no están justificadas y por eso están analizando la situación, informa Efe.

"Es probable que la revisión de las tarifas la tuvieran planteada incluso antes de la adopción de estas medidas, pero queremos entender qué es lo que están haciendo y por qué, porque pensamos que no está justificado este anuncio", ha dicho la ministra durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso.

"Creemos que si hay algún tipo de problema no puede ser algo que perjudique ni a consumidores ni a industriales ni a trabajadores, con los que tenemos la obligación de hablar para tender lo que está ocurriendo y cómo podemos reaccionar", ha añadido.