Iberdrola mantiene su pulso al Gobierno. La compañía que preside Ignacio Galán se compromete a no variar los precios eléctricos a la industria, pero a cambio pide al Ejecutivo la retirada del Real Decreto, convalidado la pasada semana en el Congreso, por el que se recortan los beneficios a las eléctricas.
La compañía eléctrica asegura que no variará los precios a la industria, tal y como había amenazado en un principio, "para no afectar a la competitividad española con los incrementos del precio del gas natural", pero pone como condición que "no se perjudique la producción eléctrica con tributos lesivos". Por lo que pide al gobierno la retirada del Decreto aprobado mayoritariamente en el Congreso.
Galán considera que hay voluntad del Gobierno "de corregir aquello que no se ha hecho bien y llegar a un acuerdo", por lo que insta al Ejecutivo a "corregir dos errores, el Real Decreto y la Ley, que bien seguro se produjeron por falta de información". "Todo el mundo se puede equivocar por falta de información y rectificar es de sabios". señala.
La eléctrica afirma que "en la medida de sus posibilidades, asumirá el incremento de costes energéticos para no trasladar a la industria española la situación de los mercados internacionales, pero el Gobierno debe entender que no se debe gravar la producción en un momento tan delicado, especialmente tras comprobar que no se han producido beneficios extraordinarios".
En este sentido, Iberdrola se compromete a renovar los contratos de los clientes que lo soliciten con el fin de evitar un problema de costes. La compañía "asumirá ese esfuerzo en la medida de sus posibilidades siempre y cuando se retire la tasa a las energías renovables. E insiste en que el Ejecutivo "haga los cambios necesarios en el Real Decreto y en la Ley para que esto sea así, incluida su retirada".
La vicepresidenta Teresa Ribera ya adelantaba hace unos días en Bilbao que creía que Iberdrola había "frenado" su intención de subir el recibo de la luz a sus clientes industriales. Ahora habrá qué ver hasta que punto el Gobierno modifica el decreto, ya que en el momento de su aprobación en el Congreso, partidos como Unidas Podemos ya dejaron claro que no permitirían que fuera las eléctricas las que dictaran cómo debe ser la normativa y que no admitirían modificaciones.
Sin embargo, la propia vicepresidenta se abría a modificaciones, en el sentido de que se estudiarían medidas para garantizar "precios razonables para la industria" y "contratos a precios estables con las eléctricas". En este sentido, señaló que el Gobierno no quiere aplicar el recorte de beneficios extraordinarios a las eléctricas por la escalada de precios en el gas cuando suministren energía a las industrias a "precios razonables".
El movimiento de Iberdrola llega un dia después del anuncio de que invertirá a través de su filial británica Scottish Power, 6.000 millones de libras adicionales (7.090 millones de euros) en la construcción del parque eólico marino East Anglia Hub (este de Inglaterra). Esta noticia llega semanas después de que la energética anunciara la paralización de sus proyectos de renovables en España, precisamente como presión al Gobierno por la aprobación del decreto que minora los beneficios de las eléctricas.