Las ayudas a empresas que habían visto afectada su facturación por el coronavirus al menos en un 30% han quedado prácticamente sin eficacia en Euskadi. Y es que de las 35.000 compañías y autónomos que el Ejecutivo había previsto que pudieran beneficiarse solo han acudido a la convocatoria el 16%, algo más de 5.800. El efecto inmediato que esto genera es que el Gobierno vasco deberá devolver más de 100 millones de euros al Ejecutivo central. Y es que esta línea de ayudas estaba impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez que repartió 7.000 millones entre de las comunidades autónomas, de los que 218 millones correspondieron a Euskadi. 

Lo que se prometía como una línea clave para el tejido empresarial ha terminado siendo un fracaso por el decreto elaborado por el Gobierno central y que establecía las condiciones para el acceso a las ayudas que solo se podían emplear para para el pago de deudas contraídas por las empresas desde marzo de 2020, como pagos a proveedores, suministros, salarios, arrendamientos o reducción de la deuda financiera. Y es esta condición la que más problemas está generando. Fuentes de la patronal vasca señalaban que son "ilógicas unas condiciones que dejan fuera de la convocatoria a compañías y autónomos que han recurrido a financiación endeudándose para no dejar de pagar ni a trabajadores, ni a proveedores. Parece que se castiga a empresarios que han mantenido sus compromisos de pago, a pesar de haber perdido facturación". 

El caso es que el Gobierno vasco en previsión de una avalancha de solicitudes aumentó los 217 millones de euros que recibió del Estado con otros 50 millones hasta alcanzar la cifra de 270 millones de euros, ampliando, además las 90 actividades económicas que recogía la norma del Gobierno central, con otras 78 que recogían sectores de la industria, el comercio, el turismo o las bodegas y elaboradores de cerveza y sidra y que habían quedado fuera de la regulación base.

El caso es que solo se han empleado 115 millones, por lo que se deberán reintegrar 103 millones al Gobierno central, mientras que los otros 50 millones de euros serán empleados en nuevos remanentes de tesorería con los que el Ejecutivo está ampliando la capacidad inversora del Presupuesto de 2022. El departamento de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, este verano se puso en contacto con el Ministerio de Economía para buscar una solución, sin éxito. Al final todo el trabajo y la disposición de medios, que requirió coordinar a las tres haciendas forales, ha quedado en una línea de ayudas que ha quedado casi sin efecto.