La Federación de Comercio, Servicios y Hostelería de Álava-Arabadendak, que representa a más de 850 establecimientos del territorio, ha pedido a la Diputación que aplace cinco años la implantación del sistema de control de facturas TicketBai. Es un nuevo obstáculo para el sistema de digitalización y de conexión con las haciendas forales de toda la facturación de las empresas que está sufriendo continuas revisiones a lo largo de este año.

Y es que la gestión que las diputaciones están haciendo de TicketBai está siendo algo más que un proceso accidentado. La idea era que el 1 de enero de 2022 todas las empresas tuvieran en funcionamiento el nuevo sistema que supone una inversión de unos 4.000 euros. Un objetivo para el que cada gobierno foral estableció su propia hoja de ruta, con sus sistemas, reglamentaciones, tecnología y plazos, todos diferentes. La ausencia de acuerdos en el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) se ha evidenciado en cada toma de decisión y en una escalada de malestar entre las diputaciones que ha acabado situando a Bizkaia por un lado con su propio sistema y a Gipuzkoa y Álava, acercando posturas. Tal y como han confirmado a 'Crónica Vasca' fuentes conocedoras del proceso la tensión entre los responsables de Hacienda se incrementó desde verano ante las decisiones "unilaterales" de Bizkaia para retrasar la implantación del sistema hasta 2024. 

Este miércoles, en un comunicado recogido por EFE, la organización de comerciantes alavesa ha explicado que ha trasladado esta solicitud a la diputada foral de Hacienda, Itziar Gonzalo, en un encuentro que mantuvieron el pasado 17 de diciembre. Arabadendak, que ha pedido comparecer en las Juntas Generales de Álava, ha explicado que en la reunión no se logró consensuar este aplazamiento, pero sí que ambas partes manifestaron su "voluntad de generar" reuniones y charlas informativas, para aclarar "dudas, inquietudes y demandas de los sectores implicados".

La puesta en marcha voluntaria de este proyecto en Álava comienza el 1 de enero de 2022. Esta iniciativa, común para las tres diputaciones, implicará que todas las personas físicas y jurídicas que ejercen una actividad económica deberán usar un sistema de facturación que permita a las haciendas el control de ingresos con el objetivo de luchar contra el fraude fiscal.