Las energéticas culpan a los cambios aprobados por el Gobierno de los errores en los recibos

Las empresas energéticas culpan a los cambios introducidos por el Gobierno de Pedro Sánchez en la facturación de la electricidad y gas de los problemas que están teniendo muchos consumidores con los recibos, ya que recuerdan que no se ha permitido a las empresas contar con un periodo de adaptación para sus sistemas informáticos. 

Según alertan asociaciones de consumidores como Facua, se está produciendo un incremento de las denuncias de consumidores contra las empresas eléctricas y energéticas por estar aplicando facturaciones que suman varios meses de consumo. 

Esto supone que el consumidor se encuentra de golpe con la obligación de pagar varios meses juntos, en ocasiones hasta seis, lo que en un periodo de incrementos de precios desbocado, está alterando de forma significativa las economías de muchas familias.

Según señalaba Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua, esta práctica, que se extiende entre muchas comercializadoras, grandes y pequeñas,  "es algo que tiene difícil explicación, y a lo que las autoridades deberían ponerle coto". 

Fuentes de las empresas, sin embargo, explican  Crónica Vasca que los problemas en los recibos tienen su origen en unos cambios de facturación impuestos, sin que se haya dado margen a las empresas para adaptarse a ellos.

Así por ejemplo, desde TotalEnergies Electricidad y Gas, que es una de las empresas afectadas por estas reclamaciones, aseguran que la explicación no es otra que la necesidad de un periodo de adaptación a los cambios introducidos por el Gobierno en la facturación de gas y electricidad. Un periodo de adaptación que no se ha habilitado por parte del Ejecutivo, pese a que "ha requerido un importante esfuerzo para adaptar los sistemas de las compañías eléctricas". "En TotalEnergies hemos querido hacer estos cambios lo antes posible, pero también realizando las pruebas suficientes para garantizar que la facturación se emitiera correctamente", señalan.

Aunque desde la empresa aseguran que en estos momentos están "facturando con normalidad y al cierre de 2021 la situación de nuestro proceso de facturación ya estaba completamente regularizada", reconocen que se han producido errores y recuerdan  a "los clientes que hayan  podido recibir dos o  más facturas juntas en un tiempo inferior al habitual" que pueden acogerse al pago fraccionado a través del área de cliente o del resto de canales de atención, "de forma totalmente gratuita".

Para justificar estos errores en los recibos, recuerdan que "el pasado mes de junio el Gobierno estableció nuevos peajes eléctricos y redujo el IVA al 10%, en septiembre se produjo una rebaja del impuesto eléctrico y los cargos, y en octubre cambiaron los peajes de gas y  se modificó el bono social". "Circunstancias que requirieron de un importante esfuerzo para adaptar los sistemas de las compañías eléctricas", afirman.

La empresa recuerda que esta situación afectó a todos los agentes del sistema, distribuidoras y comercializadoras, "impactando tanto a contratos de mercado libre como de mercado regulado".

Además recuerda que "a los cambios estructurales de peajes, ya por sí mismos de gran calado, se les añadieron medidas de urgencia, para las que  no se establecía el periodo mínimo de adaptación necesario para realizar los desarrollos que requieren los sistemas informáticos". "Hemos querido hacer estos cambios lo antes posible, pero también realizando las pruebas suficientes para garantizar que la facturación se emitiera correctamente". 

No obstante, la empresa insiste en que en estos momentos tiene subsanados los problemas y que los afectados pueden fraccionar los pagos. 

Esta esta fracción en los pagos es una posibilidad que contempla la Ley y que Facua denunciaba que es una cuestión de la que las compañías no están informando a sus clientes. En concreto, los usuarios afectados tienen derecho a exigir el prorrateo de los recibos impagados en tantos meses como los que falta de pagar.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), está investigando las posibles irregularidades y el comportamiento de las eléctricas ante las anomalías que se estaban produciendo en las facturaciones.

En estos momentos, Competencia está recopilando información para decidir si incoa o no un expediente al respecto, del que podrán surgir o no posteriores sanciones a las compañías afectadas.