La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) acumula un remanente de tesorería cercana a los 8,5 millones de euros. Unos ahorros generados a lo largo de varios ejercicios y que superan de largo su presupuesto anual, que para este 2022 asciende a 1,7 millones de euros. El organismo autónomo que vela por la libre competencia en Euskadi podría vivir de esta bolsa los próximos cinco años sin tener que recurrir a la dotación presupuestaria que recibe cada año del Gobierno vasco. Los ingresos extraordinarios de la AVC provienen de las sanciones impuestas aunque en los últimos años esta actividad se ha reducido ligeramente. Así, en 2017 inició 41 expedientes, 37 en 2018, 30 en 2019 y 32 en 2020.
Según se desprende de la documentación enviada por el departamento de Economía y Hacienda del Gobierno vasco al Parlamento a una solicitud realizada por el parlamentario del PP, Luis Gordillo, al cierre de 2020 este remanente ascendía a 9,3 millones, de los que se detrajeron 426.000 euros el año pasado para el presupuesto de funcionamiento del órgano de Competencia, la misma cantidad que se aportará este año por los 1,3 millones de euros que pone el Gobierno vasco. Así que la cantidad que acumula ahorrada la AVC asciende actualmente a cerca de 8,5 millones de euros, un ahorro que llama la atención cuando la presidenta de la entidad, Alba Urresola, explicó en su última presentación de la memoria de actuaciones de la entidad la importancia de dotar de herramientas y personal a la AVC para que se pueda perfeccionar el seguimiento y recolección de las pruebas en cada caso, así como aumentar la cultura en la sociedad y habilitar herramientas para atender mejor las denuncias. Una inversión para la que se podrían emplear estos recursos.
La oposición ha venido reclamando una mayor actividad a la Autoridad Vasca de la Competencia que, según la última memoria de actividades durante el 2020 instruyó 32 expedientes dirigidos a determinar actuaciones de las empresas contrarias a la libre competencia de los que solamente uno terminó en una resolución con propuesta de sanción. En cuanto a las inspecciones en empresas desarrolladas el pasado año, los técnicos de la AVC recogieron información en cinco compañías.
Entre las últimas sanciones impuestas por la AVC destacan las impuestas a compañías hormigoneras por boicotear las obras de un hotel en Bilbao. El expediente asciende a 114.000 euros en multas. Las empresas Hormigones Vascos, Santullán, y Hormigones de Zamudio, fueron acusadas el pasado mes de enero por desarrollar de forma conjunta acciones de boicot a la constructora Amhude, del grupo hotelero Catalonia, para su nuevo edificio en la Gran Vía de Bilbao.