El anuncio de la Diputación de Gipuzkoa avanzando su normativa fiscal 'verde' este martes ha evidenciado la falta de acuerdo entre las haciendas forales vascas para coordinar el aterrizaje de lo que se ha dado en llamar 'green deal'. Mientras se ha optado por retrasar la reforma fiscal hasta final de año, cada una de las diputaciones ha afrontado la incentivación de las acciones que reduzcan las emisiones de CO2 de manera diferente. Los trabajos en el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) no han servido para pactar una líneas básicas y mientras Álava y Gipuzkoa han planteado una serie de deducciones diferentes en el Impuesto del IRPF y Sociedades, Bizkaia avanza en un trabajo más profundo sobre los objetivos de desarrollo sostenible con el asesoramiento de la University College London que todavía no ha implantado. 

Las instituciones europeas, además del impulso con ayudas a las inversiones en la transformación energética, están empujando a las administraciones a que adapten sus normativas para promover el autoconsumo y la renovación de los sistemas de abastecimiento de ciudadanos y empresas hacia modelos que reduzcan las emisiones de CO2, es lo que se ha venido a llamar 'green deal'. La idea de las haciendas era incorporar esas filosofía a una reforma fiscal que debía afrontarse este año. Pero el impacto de la pandemia y la crisis de suministros y precios que sigue afectando a la economía ha empujado a esperar a un escenario de mayor consolidación en la recuperación de la actividad.

El caso es que, mientras tanto, se han disparado nuevas diferencias tributarias entre los territorios forales. Gipuzkoa ha anunciado este martes una medida que abre esta vía de trabajo y que espera aprobar en las Juntas Generales el próximo mes de marzo. Se trata de una modificación que afecta exclusivamente al IRPF y que fija deducciones de un 15% con un límite de 3.000 euros para las inversiones realizadas por ciudadanos destinadas a instalar sistemas de autoabastecimiento en su domicilio o para empresas que generen energía solar.  

Álava, el pasado mes de septiembre, fue más allá con una serie de medidas que afectaban tanto al IRPF como al Impuesto de Sociedades. Así en el Impuesto que afecta a la Renta de los ciudadanos aprobó una deducción del 10% para las inversiones en empresas para el abastecimiento con energías renovables y sistemas de autoconsumo. Pero fue más allá, fijando también deducciones en el Impuesto de Sociedades que pueden ascender hasta el 50% en inversiones de las empresas en tecnologías limpias, frente al 35% en vigor hasta el año pasado. En lo que se refiere a la movilidad, además, las empresas que compren bicicletas eléctricas para sus empleados podrán deducirse el 10% en el Impuesto de Sociedades y para la compra de coches eléctricos se eleva el 'gasto admisible' de 25.000 a 35.000 euros. Las medidas alavesas contemplan también deducciones para las inversiones en la instalación de puntos de carga de vehículos eléctricos. Para la base de la deducción, en este caso, se contemplará el importe total de la obra civil, cableados e instalaciones. Las compras de bicicletas para los empleados, además de deducirse en Sociedades, no tendrán que declararse como "retribución en especie" en el IRPF del empleado. 

Bizkaia busca un enfoque más global para detectar cómo ayudar a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Desde el pasado año, y junto al Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP) de la University College London, que dirige Mariana Mazzucato, la Diputación trabaja para las primeras adecuaciones fiscales dirigidas a aquellas empresas, proyectos, inversiones, activos y acciones que avancen en esta línea. Si bien estaba previsto incorporar las primeras modificaciones en una norma foral antes de verano, los trabajos siguen para implementar las nuevas medidas cuando sea posible, tal y como confirman desde la Diputación de Bizkaia. Mazzucato, que ha trabajado en la secretaría general de las Naciones Unidas, se ha especializado en detectar los parámetros que deben priorizarse para impulsar objetivos como la reducción de emisiones, hacer frente al desafío demográfico, promover la igualdad o garantizar modalidades de consumo sostenibles.