La Justicia obliga por sexta vez a Hormigones Vascos a derribar sus instalaciones en el Pagasarri

La fábrica ilegal de Bilbao que estuvo elaborando hormigón sin permiso durante cinco años ha perdido su sexto pleito judicial para evitar el derribo de la factoría. Pero la empresa, Hormigones Vascos, sigue sin demoler las instalaciones en las faldas del monte Pagasarri, pese a las sentencias que, desde hace ya seis años, han ordenado el desmantelamiento.

Esta es la historia de una hormigonera, construida la década pasada en un suelo no urbanizable de las faldas del monte Pagasarri, que debió parar su actividad en 2011 pero siguió fabricando hormigón hasta 2016. Consiguió un singular y polémico permiso para acometer, con mayor facilidad y menor coste (la instalación se ubicó cerca de uno de los túneles), la construcción de la Supersur, la gran autovía de pago en torno a Bilbao.  El Ayuntamiento de Bilbao concedió la licencia con la condición de que se utilizase para la Supersur (terminaron en 2011) y con un plazo máximo de uso hasta 2017.

Su construcción fue denunciada en los tribunales por un propietario cuyos terrenos se expropiaron para habilitar la fábrica y solo la intervención de la Fiscalía hizo reaccionar al consistorio, que durante cuatro años hizo caso omiso a la paralización de la actividad. El Tribunal Superior vasco  ordenó en octubre de 2016 el cierre y la demolición de la fábrica  por mantener ilegalmente su actividad de 2011 a 2016.  Se trata además de una fábrica que recibió 4,7 millones de dinero público por su traslado. Más de dos millones fueron en concepto de indemnización y 2,7 millones por los costes de la nueva fábrica, según refleja el expediente administrativo de la Diputación de Bizkaia.  Sin embargo, no hay ningún informe que justifique el pago de esos 2,7 millones, una nueva sombra en este caso.

Hace ahora cuatro años, en marzo de 2018, el Tribunal Superior vasco lanzó un severo rapapolvo a las administraciones públicas. Censuró, en una sentencia, hasta en cinco ocasiones al Ayuntamiento y a la Diputación de Bizkaia su “escasa diligencia”, “pasividad” e incluso “tolerancia” hacia la empresa Hormigones Vascos

Los reproches del Tribunal Superior al Ayuntamiento de Bilbao confirman su parcialidad en este caso. Primero permitió la ubicación de una fábrica en un suelo no urbanizable; luego incumplió el acuerdo que limitaba la actividad de la hormigonera a la duración de las obras de la Supersur, que concluyeron en 2011. Solo intervino en 2015 cuando recibió el toque de atención de la Fiscalía. Con la sentencia del cierre, en 2016, aunque no ha habido actividad industrial, se ha permitido el trabajo administrativo en la fábrica.

Pese a que, en mayo de 2016, el concejal de Planificación Urbana de Bilbao, Asier Abaunza, anunció públicamente que la hormigonera se derribaría a finales de 2017, la planta sigue en pie hoy en día. 

La compañía ha hecho caso omiso y se ha dedicado a presentar recursos administrativos y judiciales.  Pero los ha perdido sistemáticamente. Primero fue una sentencia del Tribunal Superior vasco que ordenó el cierre en 2016, confirmada por el Tribunal Supremo en 2017. El tercer fallo judicial contrario fue también en 2017 por un juzgado de lo contencioso administrativo de Bilbao que ordenó el cese de la actividad. El 26 de octubre de 2018, otro juzgado (el número 5 de lo contencioso administrativo de Bilbao) ratificó la demolición al rechazar, como esgrimió Hormigones Vascos, que la fábrica se ubicase en suelo urbano y que el caso estuviera prescrito. En octubre de 2018 el. Tribunal Superior, en otra sentencia, ratificó el derribo porque la superficie que ocupa la fábrica de hormigón es suelo no urbanizable.

El sexto pleito perdido viene de una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo 1 de Bilbao. En el fallo, se ratifica la orden del Ayuntamiento de Bilbao que, en marzo de 2018, dictó el derribo de la fábrica porque “al haber finalizado las obras [de la Supersur] en septiembre de 2011, dicho momento determinó el cese de los efectos de la licencia” concedida por el Consistorio bilbaíno.

El fallo advierte que se pueden trasladar los hechos a la Fiscalía de Bizkaia “en el supuesto de existir indicios de que los hechos fueran constitutivo de delito de desobediencia”.

El Ayuntamiento tiene encargado desde hace años un proyecto a una empresa externa ante la negativa de Hormigones Vascos a acometer la demolición. Todo apunta a una estrategia de la compañía de ganar tiempo, sobre todo tras el anuncio de la Diputación de Bizkaia de acometer una nueva fase de la Supersur. Hormigones Vascos buscaría así un argumento para mantener su planta ilegal.

El Ayuntamiento tiene, desde más de dos años, un informe sobre los costes de la demolición, que ha asegurado acometerá de manera subsidiaria tras la negativa de la empresa. El presupuesto total del derribo se eleva a 958.855 euros.

Las artimañas de los responsables de esta fábrica ilegal en Bilbao han llegado hasta la insumisión judicial. Hormigones vascos se negó a pagar las costas a las que fue condenado por el pleito principal que ordenó el derribo: un total de 5.927 euros.  Los tribunales tuvieron que iniciar una investigación para identificar el patrimonio y localizar las cuentas bancarias de Hormigones Vascos para proceder al cobro.

Incluso la empresa ha exigido el pago de 4,8 millones de indemnización, como aparece en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco del pasado 18 de febrero de 2019, que la empresa exige el pago de 4,8 millones de euros. Hormigones Vascos argumenta que solo han podido usar la fábrica tres años cuando, según su versión, la Diputación vizcaína les prometió diez años.