Bilboestiba ha comunicado a los estibadores del Puerto de Bilbao que a partir de este jueves sigue adelante con el concurso de acreedores tras haber solicitado su paralización cuando inició el proceso a comienzos de abril. En una carta a los trabajadores, el gerente de Bilboestiba, José Manuel Guardo, informa de que al no haber logrado el apoyo de otro sindicato al preacuerdo alcanzado con Coordinadora, y finalizada la moratoria concedida por el juez, continúan los trámites del concurso. La misiva añade presión a los sindicatos del comité que no se han sumado al preacuerdo cerrado con Coordinadora porque las consecuencias a todos los niveles de un proceso concursal son imprevisibles, también en el plano laboral.
La sociedad formada por las cuatro empresas estibadoras del Puerto (CSP, Bergé, SLP y Toro y Betolaza) pidió formalmente la entrada en concurso por obligación legal el pasado 8 de abril con una deuda de seis millones de euros, pero ante las expectativas de poder firmar un nuevo convenio para enderezar la situación económica solicitó al juzgado de lo mercantil de Bilbao que diera un plazo de margen para poder desistir. Según ha dado a conocer Guardo, ese plazo del juez terminaba este mismo jueves 12 de mayo, sin que se haya podido lograr una mayoría sindical que avale ese acuerdo. Sí hay un preacuerdo con el principal sindicato del Puerto, Coordinadora, pero este solo cuenta con la mitad de delegados, por lo que hace falta una central sindical más (el comité lo integran ELA, LAB y UGT).
Llegado el fin de ese plazo de gracia concedido por el juzgado número 1 de lo mercantil de Bilbao, el propio Guardo explica en su carta a la plantilla que ha solicitado al juez que dé continuidad al proceso concursal. Las consecuencias de este movimiento son desconocidas, pero el primer paso por parte del juez será el nombramiento en los próximos días de un administrador concursal que coja las riendas a nivel económico de Bilboestiba. En su carta Guardo no aclara si continúan las negociaciones con el resto de centrales sindicales, si bien se entiende que empresas por un lado y UGT, ELA y LAB por otro mantienen abiertos los contactos para intentar paralizar el proceso judicial.