Vicrila gana las demandas de la plantilla por una deuda anterior a la liquidación

Vicrila pone definitivamente las luces largas superada la crisis del covid y cerrados los últimos flecos pendientes del largo proceso de reconversión que atravesó entre 2016 y 2018. El último capítulo se escribe ahora en los tribunales a raíz de unas cantidades que estaban sin pagar a los trabajadores desde antes de entrar en fase de liquidación. Aquel largo episodio se cerró con la firma de un nuevo convenio con importantes rebajas salariales, pero quedaban pendientes cifras de entre 4.000 y 5.000 euros por empleado. En su momento la dirección de la fábrica y los representantes de la plantilla llegaron a un punto de entendimiento respecto a esas cantidades, que en suma ascienden a más de 850.000 euros, pero el asunto finalmente ha acabado llegando a los juzgados, que dan la razón a la empresa.

La firma de un nuevo convenio colectivo a partir de 2018 (el acuerdo está vigente hasta 2023) fue pieza clave en la supervivencia financiera de Vicrila. De hecho sus actuales propietarios, las familias Lanzagorta y López Ante, ponían como condición para invertir el contar con estabilidad en lo laboral y disponer de un periodo de paz social más o menos largo para poder tener margen para reflotar el proyecto. Ese acuerdo finalmente supuso rebajas salariales, de media sumando todas las categorías, del 25%, además de otras medidas de flexibilidad y modificaciones en las condiciones de trabajo.

Pero a cambio se apuntaló un proyecto industrial que agonizaba con la salvaguarda de 240 puestos de trabajo (hubo medio centenar de prejubilaciones y bajas incentivadas). El propio preámbulo del convenio suscrito en 2018 recoge que "las partes son conscientes de que el mantenimiento de la paz social durante los cinco años de vigencia es crucial para consolidar la refundación y el proyecto a desarrollar por la adquirente con objeto de revertir la situación".

La cuestión es que la empresa estuvo más de un año en concurso de acreedores entre finales de 2016 y 2018, llegando a estar clínicamente muerta en la segunda mitad de 2017. A aquella fase se llegó ya con deudas pendientes, entre otros con los trabajadores (la deuda total de la empresa cuando entró en concurso era de 50 millones de euros), cuya resolución no pudo concretarse en el nuevo convenio. Comité y empresa discrepan sobre cuál fue el punto de entendimiento respecto a aquellas cantidades y transmiten versiones distintas sobre el supuesto acuerdo alcanzado entonces.

El hecho es que el asunto ha terminado en manos de los jueces de lo Social de Bilbao, que consideran, cuatro años después de salir de la liquidación, que Vicrila no debe hacer frente a esa deuda que rondaría los 850.000 euros. Esas sentencias favorables a la empresa, para algunas no cabe recurso (depende de la cantidad demandada), son un alivio importante para una compañía que ha pasado momentos muy delicados a causa del cierre de la hostelería durante la pandemia y que tuvo que reinventarse y buscar alternativas para mantener la actividad en 2020 sin demanda de su principal producto, los vasos y copas de vidrio.

El fin de las restricciones en la hostelería han devuelto el brío a la histórica fábrica de Leioa, que abre nueva etapa tras la marcha reciente de su director general, Fernando Bermejillo, y la incorporación de un directivo externo, Pablo Alonso. En estos momentos el gran hándicap para seguir creciendo son los elevados precios del gas, mientras que en la lista de tareas aparece tanto consolidar las inversiones anunciadas y que no se han llevado a cabo como reforzar el capítulo de ventas en el extranjero, que suponen ya un 40% de las ventas totales del grupo. La empresa de Lamiako, con 130 años de historia a sus espaldas, ha reforzado la presencia en Europa y Asia durante la pandemia, y pretende este año seguir creciendo sobre todo en EE.UU. y Canadá.

Renovación del convenio

En el capítulo doméstico, la firma que controla el fondo Mivaricar de los Lanzagorta y López Ante debe acometer este próximo 2023 la renovación de su convenio, un capítulo en el que habrá que ver cómo influye este último encontronazo empresa-comité respecto a esa deuda salarial. El clima se ha enrarecido a pesar de que el origen del litigio se remonte a antes de la llegada de Mivaricar, en concreto al año 2015. Es lógico pensar que la parte social busque en esas negociaciones dar pasos firmes adelante en el apartado salarial tras los fuertes ajustes para salir de la liquidación en 2018.

Por lo demás el corto plazo es prometedor para el principal y prácticamente único fabricante español de copas y vasos de vidrio, que tiene clientes y pedidos asegurados para los próximos años. Queda todavía por arrancar la segunda línea de copas, pendiente desde hace años y a la que se mira como siguiente paso para crecer. En la hoja de ruta figura poder volver a beneficios este mismo ejercicio y poder alcanzar una facturación de 50 millones de euros en 2026. Próximamente se acometerán además inversiones y reparaciones para intentar estirar la vida útil del horno más allá de 2025.