El fondo de amianto encara el último obstáculo con la negociación de su órgano de dirección

El fondo para compensar a víctimas del amianto, que cuenta con dotación presupuestaria en 2022, en concreto 25 millones de euros, está cerca de cerrar el último fleco en esta fase de negociación política. Está previsto que los grupos del Congreso se reúnan en los próximos días para cerrar cómo será finalmente el sistema de dirección del fondo tras las críticas de algunos partidos al consejo rector recogido en la proposición de ley al entender que puede generar duplicidades y un gasto extra para la administración. Los representantes de las víctimas llevarán a la comisión una propuesta alternativa con la que esperan salvar este último escollo y lograr el consenso definitivo.

Se lograría de esta forma cerrar la configuración del fondo de compensación para afectados por amianto, una iniciativa que surgió hace unos años en Euskadi (el Parlamento Vasco trasladó la iniciativa al Congreso a finales de 2019) y que está cerca de ver la luz después de un largo recorrido en el Congreso. Jon García, uno de sus impulsores de la mano de la asociación vasca Asviamie, señala que, siempre que este último obstáculo sobre el consejo rector se supere estos días, debería ser este mismo verano cuando el fondo empiece a estar operativo.

El paso inmediato es lograr acordar cómo será el órgano que dirigirá el fondo después de la negativa mostrada por algunos grupos políticos al consejo rector que recoge el proyecto de ley. Este sistema de dirección imitaba el modelo francés y consistiría en un órgano independiente, algo que no gusta a ciertas formaciones por el sobrecoste que podría generar. Así, el propio García llevará a la próxima reunión de la ponencia, que inicialmente iba a celebrarse este jueves pero podría retrasarse a la semana que viene, un modelo alternativo para intentar conciliar pareceres y que el fondo salga adelante con consenso.

Por lo demás, quedan superados los últimos desencuentros después de que el PSOE planteará nuevos requisitos para el cobro de indemnizaciones y dejar en manos del Imserso la financiación del fondo. Finalmente estas propuestas se han descartado y, en ese sentido, los grupos han acordado que el fondo estará encuadrado dentro del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) como pretendían las víctimas al considerar que así nace con mayores garantías.

Desarrollo de baremos

Una vez se cierre el último fleco relativo al consejo rector el fondo de amianto habrá cerrado la fase de enmiendas y pasará a votación en el Congreso. Aprobada la ley únicamente quedará pendiente el desarrollo de la misma mediante reglamento para fijar las cuantías que recibirán las víctimas. En ese sentido ya se está trabajando también fuera de foco para consensuar estas tablas con base en las cantidades que están dando los juzgados. El fondo tiene como objetivo abonar indemnizaciones cuando la empresa de la víctima no pueda hacer frente al pago o haya desaparecido, de manera que la víctima y sus familiares puedan disponer de la compensación de manera automática y sin tener que esperar años como ocurre ahora.

Cuando se desarrolle la letra pequeña de la ley el fondo de compensación tendrá luz verde para comenzar a recibir reclamaciones casi tres años después desde que la actual iniciativa llegó al Congreso y casi cinco desde que la Cámara de Vitoria formuló la petición por primera vez. Cuenta con una dotación en los presupuestos de este año de 25 millones de euros que, denuncia García, corren el riesgo de quedarse en el tintero si la puesta en marcha se retrasa y no hay meses suficientes para tramitar peticiones.