Hace tiempo que desde las grandes empresas industriales se detectó un desajuste en la nueva regulación laboral impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez en relación al vínculo con sus eventuales. El porcentaje de temporalidad no es elevado en comparación con otros sectores, pero las grandes factorías necesitan una bolsa de trabajadores a la que poder recurrir ante cualquier imprevisto y sobre todo que se trate de personal formado capaz de sacar carga de trabajo desde el primer día. Por eso interesa que el ritmo de rotación sea bajo y que el vínculo con la empresa pueda alargarse si es preciso.
El contrato por circunstancias de la producción, el principal contrato temporal que sigue en pie tras la reforma una vez vaya desapareciendo la modalidad de obra y servicio (en abril este contrato eventual que sobrevive a la reforma supuso más del 50% del nuevo empleo), tiene una duración máxima de seis meses, prorrogable a un año por convenio colectivo. Esto significa que empresarios y trabajadores tienen en su mano permitir que un temporal contratado por la fórmula de circunstancias de la producción pueda estar trabajando un año seguido y, entonces sí, no habría más prórrogas posibles. Esa misma empresa debería esperar otros seis meses para recuperar a ese operario ya que en ningún caso pueden firmarse dos contratos temporales dentro de un periodo de 18 meses.
La regulación de la contratación es, en el caso de la industria, una materia reservada al convenio estatal. Es en esa mesa por tanto en la que debe suscribirse esa prórroga de seis meses que, tras los últimos contactos la semana pasada, está muy avanzada. Las grandes empresas hace tiempo que han trasladado a la parte social en privado que tienen interés en poder estirar el ciclo de sus eventuales para ganar estabilidad a nivel de recursos humanos, también en el caso de firmas con convenio propio como Sidenor o Arcelor Mittal. Incluso se habría explorado la posibilidad de llevar esta cuestión al ámbito de la empresa, pero finalmente el debate ha acabado en el sector para tratar de darle una dimensión global y que la medida se tome de forma uniforme.
Los sindicatos asumen por su parte que, sin descuidar la presión sobre la Inspección de Trabajo para evitar fugas de contratos indefinidos, hay una rendija abierta a la temporalidad que no se puede discutir. La reforma permite el contrato por circunstancias de la producción ante incrementos "ocasionales e imprevisibles" de actividad que "generen un desajuste" en las necesidades de personal. Si la empresa acredita este aumento de la producción sobrevenido puede recurrir a un contrato eventual, incluyendo la sustitución de personal fijo por vacaciones.
Cobro del desempleo
En ese contexto la posibilidad de incluir en el convenio estatal de industria esa prórroga ya está sobre la mesa. CCOO y UGT han avalado la reforma laboral de Yolanda Díaz y en principio no es una cuestión que se vea con malos ojos. De hecho permitiría al trabajador una mayor estabilidad y, sobre todo, alcanzar el periodo mínimo de 360 días necesario para el cobro de una prestación por desempleo contributiva, algo relevante en el caso de trabajadores jóvenes.
Las empresas por su parte, representadas en Madrid por Confemetal, ganan tiempo y se ahorran tener que afrontar un cambio de ciclo en la plantilla cada seis meses. La industria es un sector que demanda personal cualificado y que conozca tanto los entresijos del oficio como las medidas de seguridad en la factoría y, por tanto, demanda cierta estabilidad también dentro de ese colectivo de eventuales. Hay que recordar que todos los nuevos contratos por picos de producción firmados desde el 1 de enero están limitados a seis meses y, por tanto, si no hay prórroga estos pueden ir decayendo ya desde el 1 de julio.
En Euskadi están pendientes de renovar los convenios de la industria de Álava y Bizkaia y, en ese sentido, las empresas no quieren abrir más frentes y optan por mantener un perfil bajo en torno a un tema tan sensible como es la temporalidad. Fuentes sindicales señalan que no se descarta que el debate pueda colarse en las negociaciones para renovar estos dos convenios, en los que la parte social ha puesto en la mesa la necesidad tanto de bajar los porcentajes de eventuales como de reforzar el blindaje del empleo en las subcontratas (subrogación).