La Sepi rescata al grupo Vicinay Marine con 32 millones

El consejo de ministros ha aprobado un nuevo rescate a través de la Sepi para una empresa vasca, en este caso el grupo vizcaino Vicinay Marine. La delicada situación financiera del grupo ha llevado a la sociedad industrial del Estado a aprobar una inyección de 32 millones de euros con la que prevé reflotar una compañía que cuenta con un horizonte prometedor a nivel de carga de trabajo por su vinculación con el sector de la energía eólica marina.

Se trata de una compañía familiar cuya principal línea de negocio es la fabricación de cadenas de amarres tanto para sector naval como para la industria oil&gas y para estructuras flotantes para generación de energía. Ha sido en esa tercera pata del negocio en la que ha volcado su actividad en los últimos años y hoy en día es un referente en el diseño de cadenas y componentes para la industria eólica offshore, así como la instalación y posterior mantenimiento, y es por esta vía por la que están entrando los nuevos pedidos.

De hecho la principal empresa del grupo, Vicinay Sestao, ubicada junto a las instalaciones de lo que era La Naval, había logrado asegurarse carga de trabajo para los próximos meses gracias a su implantación en el sector de la eólica offshore y miraba al futuro con optimismo tras haber entrado en ERTE por la paralización de proyectos por la pandemia. "Tenemos unas perspectivas de trabajo más prometedoras teniendo en cuenta el proceso de independencia energética que se está abordando en Europa", indicaban hace un par de meses desde Vicinay Sestao. El grupo, que cuenta con 400 trabajadores, está inmerso en proyectos con gran implicación económica e institucional como Demosath o Flow, enfocados a la implantación de aerogeneradores flotantes que permitan maximizar el aprovechamiento del viento en el mar.

Así, tras un análisis de viabilidad por parte del consejo gestor de la Sepi, el consejo de ministros ha aprobado este martes un apoyo financiero temporal de 32 millones de euros al grupo, ayuda que correrá a cargo del Fondo de Apoyo a la Solvencia Empresarial. Se canalizará a través de un préstamo participativo y ha sido autorizado por el Gobierno español tras el visto bueno a la operación por parte del consejo gestor del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.

En un comunicado se explica que la decisión llega "tras un exhaustivo proceso de análisis económico y jurídico" que se salda con las garantías aportadas para "asegurar la devolución del apoyo financiero público que va a recibir". Precisamente el apoyo del Estado se puede considerar un espaldarazo al proyecto industrial del grupo, como ya ocurriera con Tubos Reunidos o, cuestión que debe decidirse estos días, con el grupo Celsa, con tres plantas en Euskadi.