Euskadi prevé 2.300 millones para movilidad eléctrica y llegar al 16% de coches en 2030

El Gobierno vasco ha detallado en el último consejo de Gobierno previo al parón de agosto algunas de las claves de sus iniciativas en el marco de la sostenibilidad energética, entre ellas un impulso a los parques de generación eólica y al vehículo eléctrico. En este caso se plantean inversiones hasta 2030 en una horquilla que irá de 1.500 a 2.300 millones de euros para cubrir con el coche eléctrico el 16% del parque (50% en caso de autobuses urbanos y un 80% de los taxis).

Así lo ha explicado la consejera Arantxa Tapia tras el último consejo de Gobierno de julio, en el que se han abordado muchas cuestiones vinculadas al ámbito energético. Sobre el gran punto flaco de la movilidad eléctrica como es la escasez de puntos de carga rápida, el Gobierno vasco propone duplicar su número hasta cerca un centenar. Se han anunciado también diversos proyectos tecnológicos en este ámbito, así como diversas iniciativas para impulsar el coche eléctrico.

El objetivo de esta estrategia, como ha resaltado Tapia, es poder alcanzar un 16% de cuota eléctrica en el parque móvil en el caso de los coches para 2030, lo que supondría un salto cualitativo en relación a la situación actual, aunque en todo caso el coche eléctrico seguiría siendo minoritario. Los porcentajes serían sensiblemente más altos en el caso del transporte público urbano como taxi o autobús.

Tapia ha destacado que la movilidad eléctrica representa la "punta de lanza" de la adaptación de un sector clave para la descarbonización de la economía vasca. Además, ha recordado el impacto que el transporte tiene en el PIB y el empleo.

Menos trámites para renovables

Además, ante la crisis energética y las consecuencias de la guerra de Ucrania, el Gobierno de Iñigo Urkullu va a agilizar los procedimientos administrativos de proyectos de generación de energía renovable, como solar o eólica.

Así lo ha explicado Tapia, que ha explicado que esta decisión se debe a la situación de urgencia energética agravada por el conflicto bélico en Ucrania y que en ningún caso supondrá una pérdida de control por parte del Ejecutivo y el resto de administraciones de estos proyectos.