El sindicato ELA ha hecho un llamamiento público este lunes a la movilización en el sector público vasco a raíz de los anuncios realizados por diversas instituciones en referencia a la subida salarial que se aplicará a los funcionarios. En estos momentos, y tras la confirmación del lehendakari Iñigo Urkullu de que el Gobierno vasco aplicará a sus trabajadores la misma subida que Madrid, los incrementos serían del 3,5% para 2023 mientras que al 2% de este año se añadiría una compensación de punto y medio.

Cifras en todo caso alejadas de los actuales niveles de inflación, una meta que ELA quiere alcanzar a través de la presión al Ejecutivo vasco en sectores clave. La comparecencia de este lunes ha estado encabezada por Igor Eizagirre, máximo responsable de servicios públicos del sindicato, y ha contado también con la presencia de Miren Zubizarreta, de Educación, y Esther Saavedra, de Osakidetza. El mensaje ha sido contundente y, aunque aun no hay fechas definidas, se avanza que se han abierto contactos con las demás centrales sindicales para abordar movilizaciones conjuntas próximamente, incluyendo la convocatoria de huelgas. La primera respuesta al respecto ha llegado por parte de Garbiñe Aranburu, de LAB, que sin desvelar si se sumará o no ha criticado duramente a la organización de Lakuntza por anunciar las movilizaciones "de forma unilateral".

Representantes sindicales encabezando la marcha para "salvar Osakidetza" / Javier Zorrilla (EFE)

El debate del IPC llega al sector público

Era previsible un otoño caliente en la administración vasca tal y como está la inflación y en qué línea se están moviendo los últimos acuerdos entre el Gobierno central y sus funcionarios. Una disyuntiva que se viene arrastrando desde hace meses en el sector privado, incluso en empresas y sectores ya asoman los primeros pactos de rentas para solventar esta situación a corto plazo, y con cierto efecto retardado llega también al sector público.

Es conocido que las condiciones laborales de los empleados públicos se regulan por legislación básica, lo que obliga a su cumplimiento por parte de las comunidades autónomas, como recurrente es también la demanda por parte de sindicatos como ELA o LAB al gabinete de Urkullu de que no haga "copia y pega" de lo que dicta Madrid y busque fórmulas para contar con una negociación colectiva con todas las letras en el sector público vasco. Sucedió así en la época de 'vacas flacas' y de recortes y también ahora que el debate está en cuánto incrementar las nóminas de los trabajadores. ELA es el sindicato con mayor presencia en Euskadi y también lo es en el ámbito público, en el que LAB cuenta por su parte con un peso especialmente relevante.

"Para apoyar los Presupuestos del Estado es imprescindible establecer la posibilidad de negociar aquí el salario del personal del sector público vasco. Hay fórmulas, es cuestión de voluntad política", han dicho este lunes los responsables de ELA en un mensaje claro tanto a PNV como a EH Bildu. Y en materia salarial pide, de cara a 2023, por un lado garantizar el poder adquisitivo perdido en 2022, que sería del 4,5% si se parte del incremento actual del 2%, y por otro calcar el IPC de este año. Niveles muy superiores en todo caso a los que se manejan en la mesa entre el Gobierno central y los sindicatos en Madrid.

Más allá de otras cuestiones como la consolidación del empleo por la elevada temporalidad, ELA avisa que ya ha iniciado contactos con otras centrales para impulsar "movilizaciones y huelgas" este otoño, que dará a conocer próximamente.