La pesca de fondo a más de 400 metros de profundidad está prohibida en 87 zonas del Atlántico nororiental a partir de este domingo con la entrada en vigor de las polémicas vedas impuestas por la Comisión Europea, que en España rechazan las administraciones, la flota y distintos sectores económicos, así como las principales regiones afectadas entre ellas Euskadi aunque de una forma menor a lo previsto inicialmente.
La decisión, cuyo objetivo es proteger ecosistemas marinos vulnerables, se hace realidad en medio de un fuerte revuelo social y político, por su impacto en la actividad pesquera y la confusión que se ha generado sobre su aplicación.
El reglamento de la CE establece una relación de 87 polígonos marinos en los que los barcos que trabajan con artes de fondo no podrán faenar por debajo de los 400 metros, lo que en principio afecta a caladeros de interés para España como el Gran Sol (aguas irlandesas), el Cantábrico o el golfo de Cádiz.
Concierne a los buques de arrastre, de palangre de fondo, al rasco y otras artes menores. Sin embargo, el alcance práctico para la flota española varía y tocará menos barcos de los previstos inicialmente, tras las últimas aclaraciones de la Comisión Europea (CE) al Gobierno español, anunciadas en Vigo por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Actividad en 41 áreas
Según el Gobierno español, la CE ha dejado por escrito que el veto es por debajo de los 400, lo que, según Planas, implicará que los barcos de arrastre podrán mantener la actividad en 41 de las 87 áreas vetadas y que quedarían 35 en las que la flota de fondo española no podría operar.
El presidente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés), Iván López, ha declarado a Efe que las precisiones de los últimos días no cambian nada legalmente, pues no se ha eliminado ninguna prohibición, pero sí que aclaran y reflejan que la CE ha hecho "una chapuza sin rigor científico" con esta norma.
"Es revolucionaria la norma, interesada, desmesurada y sin razonamiento ninguno", según el presidente de la Federación Nacional de Cofradías Pesqueras (FNCP), Basilio Otero.
La inconsistencia de los informes científicos en que se basa la CE es un argumento que defiende el Gobierno español, quien mantiene su intención de impugnar la normativa ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Reducción del impacto en Euskadi
La EBFA, a la que pertenecen la patronal española de armadores Cepesca y las cofradías, cifró inicialmente en 10.000 pescadores comunitarios los afectados, de los que 2.500 y 500 buques son españoles.
Pero tras las aclaraciones de la CE, López ha señalado que el impacto real no se verá hasta que pasen unos días y que probablemente será menor, aunque lo tendrá. Por ejemplo en el País Vasco se reduce frente a las previsiones iniciales y en el Golfo de Cádiz también se modera y permite que los arrastreros puedan faenar.