El ecosistema de ArcelorMittal en España vive la tormenta perfecta. Con las ayudas europeas para la descarbonización aun por concretarse y un nuevo ERTE sobre la mesa a raíz de una avería en un horno de Gijón por un incendio, dirección y sindicatos quieren zanjar ya un acuerdo por el convenio que brinde paz social y aporte estabilidad para atacar en armonía el resto de frentes. Los más de 8.000 trabajadores del grupo, de ellos algo más de mil en Euskadi, siguen con la subida del año pasado pendiente.
Hasta ahora había abiertas dos vías de interlocución con la parte social, una para avanzar en el llamado plan social que se aplicará en Asturias de la mano de las nuevas inversiones y otra para sacar adelante el nuevo acuerdo marco, el convenio. Desde la semana pasada hay una tercera, y es que el incidente en el horno de Gijón abre un tercer frente en forma de ERTE por fuerza mayor (la dirección ha mostrado disposición a acordar las condiciones) cuya mesa negociadora arrancará oficialmente el viernes y que se aplicará, en lo que hace referencia a Euskadi, en el centro vizcaíno de Etxebarri.
La fábrica vizcaína, con algo más de 400 trabajadores, tenía ya prevista una parada programada para esta semana antes del incendio en el horno alto de Gijón, pero ese problema en una de las instalaciones clave del grupo en España abre ahora un periodo de gran incertidumbre. Del núcleo asturiano de Arcelor parte la materia prima que se utiliza en Etxebarri para producir principalmente aceros y hojalatas para envases para alimentación, por lo que la factoría vizcaína es una de las que más afectadas está por el incendio. Hay de momento acero en reserva para poder seguir trabajando una vez concluya la parada general, pero el grupo debe buscar alternativas de abastecimiento si quiere descartar la parada total de la antigua Bandas.
En este punto se parte de una cierta desventaja y es que el producto que se fabrica en Etxebarri necesita una bobina de alta calidad y, en principio, la primera opción sería compensar el gap asturiano con acero procedente de otras plantas del sur de Europa. Este lunes técnicos de la multinacional visitaban el horno de Gijón, al que le quedaban apenas dos años de vida útil, para valorar si la reparación es una opción viable y, en ese caso, hacer estimaciones de tiempo de duración de la parada, que será como mínimo de dos meses.
El convenio, atascado por el plan social
El nuevo ERTE de fuerza mayor llega a caballo de la finalización del expediente anterior el próximo día 31 y que opera para todas las plantas salvo excepciones como la de Sestao. La dirección propone calcar ahora las condiciones del ERTE anterior por lo que, en sí mismo y teniendo en cuenta la contingencia de Asturias, esta nueva medida de regulación no parece una amenaza para la paz social. Cosa distinta ocurre con el convenio de la multinacional en España, cuya negociación no obtuvo avances a lo largo del año pasado y entra ya casi en tiempo de prórroga.
De puertas hacia fuera el gran obstáculo para el acuerdo es el listón del IPC y la elevada inflación del pasado año, pero en este caso la negociación va mucho más allá. El gran problema es que la compañía está inmersa en un proceso de descarbonización a largo plazo (Europa ha autorizado ya 460 millones de euros en ayudas para, entre otras inversiones, poner a pleno rendimiento la ACB de Sestao en 2025) con la implicación directa del Gobierno español que requiere de un acuerdo con el comité para poder suprimir ciertos puestos de trabajo, principalmente en Asturias, sin medidas traumáticas, el llamado plan social.
Con este asunto todavía sin resolver hay puntos del acuerdo marco que son difíciles de cerrar, y por otro lado queda pendiente cómo plasmar el compromiso de la multinacional con las inversiones anunciadas, tal y como reclaman los sindicatos. El retraso en la confirmación de las ayudas y los últimos acontecimientos como el incendio del pasado miércoles no contribuyen al clima de entendimiento. De hecho el pasado viernes las negociaciones por el convenio estuvieron cerca de saltar por los aires aunque finalmente las dos partes optaron por reconducir la situación y volverse a citar esta semana. Así, estos días martes y miércoles se antojan claves en ese objetivo de tener un nuevo acuerdo marco antes de Semana Santa.
En el apartado salarial la multinacional dice estar dispuesta a mantener el poder adquisitivo al final del plazo del convenio, en principio cinco años aunque en la última sesión se barajó la opción de cuatro, si bien la fórmula aun está por acordarse. El bloqueo hizo que la plantilla no tuviera subida el año pasado en un contexto de elevada inflación, un hecho llamativo en un grupo industrial de este tamaño, por lo que la parte social tiene como primer objetivo poner las nóminas al día. Los sindicatos no descartan optar por la vía de la movilización en caso de que no haya avances en las próximas reuniones.