La legislatura que ahora termina no ha destacado precisamente por las buenas relaciones entre el Gobierno y las grandes empresas. La reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional y la política fiscal, sobre todo por el impuesto a los beneficios de las energéticas, han distanciado a las compañías más potentes del Ejecutivo. De ahí que ahora, a pocos días de las generales y cuando suenan tambores de cambio, los principales empresarios miren más que nunca a Moncloa por lo que pueda suceder el 23-J.
Esto es más que evidente en el caso de Euskadi, donde se asientan algunas de las empresas más relevantes del panorama nacional. A nadie se le escapa que los grandes representantes de la empresa, como el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, o el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, saben lo mucho que se juegan en la contienda electoral. Y así lo confirman diversas fuentes consultadas por este diario.
Las propuestas que afectan a los empresarios no estuvieron precisamente en el centro del debate cara a cara entre los dos principales candidatos a la presidencia del Gobierno. Pero en las empresas son muy conscientes de lo que proponen los dos modelos contrapuestos.
El impuesto a las eléctricas
Entre otras cosas porque los populares abogan por una fuerte revisión fiscal, con ventajas para las empresas que incluirían la reconfiguración del impuesto a las eléctricas para que paguen menos. Asimismo, Alberto Núñez Feijóo tiene ya dicho que si llega al Gobierno eliminará también el impuesto a la banca. Se trata de dos tributos que han levantado ampollas entre los grandes empresarios.
Sólo hace unos días que Imaz soliviantaba a las élites políticas y económicas vascas con una fuertes declaraciones. Y es que aseguraba que ganarán el recurso por el impuesto a las eléctricas, al que tildó de "ilegal e inconstitucional", además de sugerir que con este tipo de gravámenes incluso han pensado en reducir sus inversiones en España.
La energía nuclear
Más allá de la ideología o la simpatía o las interpretaciones, están las propuestas. Y ya es notorio que el PP propone una prolongación de la vida de las centrales nucleares. De hecho, esta es una de las propuestas estrella de Feijóo en su carrera a la Moncloa.
Esta cuestión genera fuertes controversias porque desde el Gobierno de PSOE y Podemos remarcan que precisamente la eliminación de las nucleares y una apuesta mayor por las renovables es lo que mejorará el contexto para las eléctricas.
En opinión del Ejecutivo, además, mejorarán las cosas para los consumidores. Cuando le preguntaron por la propuesta del PP, Pedro Sánchez insistió en que una de las cosas positivas de la eliminación de las nucleares es que no subirán más los precios de la luz.
Desde el PP arguyen justo lo contrario: tanto las empresas como los clientes finales pueden verse beneficiados de esta propuesta. No puede perderse de vista a este respecto, por ejemplo, que Iberdrola es una de las propietarias de las nucleares en España.
Según el calendario acordado por el Gobierno y las empresas, las nucleares iniciarían su 'apagón' en 2027. Para que esto no ocurra, las compañías quieren garantías de que tendrán rentabilidad y abogan precisamente por rebajas fiscales a su actividad.
Otras cuestiones como la forma de enfocar el diálogo social, el camino para fomentar las inversiones, la aprobación de unas cuantas leyes o la eliminación de otros impuestos (léase Patrimonio) también están en juego en la batalla de Sánchez y Feijóo del 23-J. Por eso las grandes empresas no dejan de pensar en quién se sentará en Moncloa en la siguiente legislatura.