Como casi todos, el vertedero de Lemoa genera críticas sociales y políticas desde hace años. Hace justo un año que el departamento de Desarrollo Económico del Gobierno vasco presentó un plan de ampliaciones para ganar capacidad de vertido a corto plazo y, además, recuperar instalaciones en desuso como la de Artxanda, en Bilbao. Una de las ampliaciones más avanzadas a nivel legal es precisamente la de Bistibieta, proyecto que queda tocado a raíz de la denuncia de Azurreka.
La asociación ecologista defiende los intereses de un grupo de vecinos de la zona (además de Lemoa el vertedero comparte linde con Galdakao, Bedia y Amorebieta), que pueden ver cómo sus terrenos se devalúan si finalmente se demuestra que hay chapapote con origen en el desastre del Prestige y que esos residuos pueden ser peligrosos a medio plazo.
Desde la agrupación ecologista se camina con prudencia y, por ahora, únicamente se ha demandado información al Gobierno vasco para tratar de conocer qué cantidad de chapapote se depositó en su momento, además de iniciar los contactos con la empresa FCC para intentar hacer una medición. Será una vez estén recabados todos los datos cuando Azurreka intente hacer una estimación del peligro potencial y la pérdida patrimonial para los vecinos que puede suponer la presencia de chapapote en Bistibieta para, en su caso, dar pasos a nivel legal.
También se han establecido contactos con la alcaldía de Lemoa, ahora del PNV, y se pretende hacer lo propio en el resto de municipios afectados.
La consejera de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, Arantxa Tapia / Iñaki Berasaluce - Europa Press
Tres años más de actividad
Lo que es evidente es que FCC, que no gestionaba el vertedero cuando ocurrió el accidente del Prestige hace más de 20 años, se topa con un puzzle cuanto menos delicado. Como avanzó Crónica Vasca en abril, el primer proyecto de ampliación, el más avanzado a nivel burocrático, busca ampliar la capacidad de Bistibieta en 230.000 metros cúbicos con el objetivo de mantener el nivel de actividad actual tres años más.
El fin de la vida útil del vertedero llegaría por tanto en 2027, fecha prevista en el plan de residuos del departamento de Arantxa Tapia. En ese mismo plan se contempla también el cierre en 2024 de Batearte, en Mallabia, en 2025 de Epele, en Bergara, y en 2030 el fin de ciclo de Artxanda. La previsión es que, tras cubrir las necesidades de vertido a corto plazo, el volumen total de residuos generados por la sociedad vasca tienda a decrecer en la parte final de la década.