La guerra entre Iberdrola y Repsol y su cruce de reproches ha cristalizado en forma de una demanda que la eléctrica vasca ha interpuesto contra la refinería, a quien acusa de practicar el 'greenwashing' en su última campaña. Recientemente, la autoridad británica de publicidad le prohibía realizar una operación de marketing similar en Reino Unido y no ha sido la única, ya que la petrolera italiana ENI ha resultado multada, también por 'greenwashing', tras hacer una campaña en el país transalpino publicitando combustibles supuestamente 'limpios'.
Pero, ¿qué significa 'greenwashing'? Este término se traduciría literalmente como 'lavado verde' y es algo que se ha ido normalizando hasta pasar muchas veces desapercibido. En la actualidad, un 80% de la propaganda online utiliza reclamos medioambientales que no son siempre claros, por lo que "pueden incurrir en prácticas engañosas para el consumidor", según los datos recabados por el Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico.
Por tanto, podemos decir que este 'maquillaje' es una práctica habitual que forma parte de la estrategia de marketing y comunicación de numerosas empresas en todo el mundo, preocupadas por mostrar una imagen amigable con el ecologismo, la sostenibilidad y la economía circular, preceptos que cada vez preocupan más a nivel social desde la aprobación de la Agenda de 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promulgados por la ONU.
Estación de Repsol con publicidad de biodiésel.
Sanciones de hasta 100.000 euros
El 'greenwashing' consiste en emplear el discurso ambiental para lavar la imagen de una empresa o institución. Y es precisamente eso lo que Iberdrola denuncia que está haciendo Repsol. En su opinión, "sus campañas constituyen una infracción de la Ley de Competencia Desleal, al incluir actos de engaños y omisiones engañosas sobre el compromiso medioambiental de la compañía".
En España, cometer 'greenwashing' puede conllevar sanciones de hasta 100.000 euros. Una cantidad que, según la reciente ampliación de la Ley de Defensa de los Consumidores, podría multiplicar por seis el beneficio obtenido a raíz de esta práctica ilícita. Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en manos de Pablo Bustinduy, de Sumar, defienden la puesta en marcha de políticas para combatir estos comportamientos.
La demanda de Iberdrola
Aunque no trascendió hasta el lunes, la demanda de Iberdrola contra Repsol fue interpuesta a finales de febrero en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander aludiendo "competencia desleal y publicidad engañosa", basándose en los artículos de actos de engaño (art. 5), omisiones engañosa (art. 7) y publicidad ilícita (art. 18) de la Ley de Competencia Desleal. Por ello la relación entre Ignacio Sánchez Galán y Josu Jon Imaz está más tensa que nunca.
Según la petrolera, esta demanda denota "nerviosismo" en Iberdrola, "una empresa que no está acostumbrada a manejarse en un marco competitivo, sino más bien a depender de las reglas propias de un mercado eminentemente regulado". Y defiende que "Repsol seguirá creciendo en clientes de electricidad y continuará ofreciendo a la sociedad soluciones energéticas de presente y de futuro, como los combustibles renovables, que son vistos por parte de algunos, entre ellos Iberdrola, como una amenaza al discurso, falso, de que la electrificación es la solución única para reducir las emisiones de CO2 en el transporte".
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz.
T&E se suma a la demanda
A esta demanda interpuesta por Iberdrola se acaba de sumar la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente (T&E), que señala que "la campaña de Repsol de ofrecer combustibles renovables en 600 gasolineras para 2024 como una alternativa limpia a la electrificación supone un caso claro de 'greenwashing' y publicidad engañosa".
Si bien desde la compañía petrolera aseguran que estos combustibles “minimizan las emisiones”, desde T&E señalan que "en el mejor de los casos solo se producen reducciones significativas en las emisiones de CO2 pero no en las emisiones que producen contaminación del aire como NO2 o partículas" e inciden en que "esa supuesta reducción de emisiones de CO2 es además dudosa dada la falta de transparencia sobre las materias primas utilizadas y los múltiples casos de fraude que se han notificado al respecto".
La irrupción del 'green blaiming'
Desde el Ministerio de Transición Energética y el Reto Demográfico, Teresa Ribera ha alzado la voz ante esta contienda empresarial en un intento por defender la transparencia de las compañías en sus procesos de descarbonización y su lucha contra el calentamiento global, pero ha tenido que salir al paso para matizar sus palabras contra Repsol e intentar mostrar una postura de neutralidad.
Ignacio Sánchez Galán advierte de los riesgos de emplear el 'greenwashing' en las acciones comerciales.
"Claro que sabemos que tenemos gas natural y combustibles fósiles y que los tendremos que seguir usando un tiempo, pero queremos seguir teniendo a las empresas que están detrás de ese gas natural y de esos combustibles fósiles haciendo otras cosas para que sigan siendo viables", ha señalado.
En este sentido, Ribera ha solicitado a Josu Jon Imaz continuar con "la transformación de su compañía en una empresa de servicios energéticos coherente y compatible, y yo diría congruente con esa necesidad de descarbonización y ese compromiso de dejar atrás los combustibles fósiles que adoptamos en Dubai con el respaldo de más de 190 países, incluidos todos los países productores de combustibles fósiles".
Por otro lado, ha advertido de que tras el debate del 'greenwashing' puede venir el del 'green blaiming', que consiste en culpar de todo al ecologismo. La ministra ha criticado a quienes actúan como "abogados del retardismo" para "retrasar, esperar y hacer pausas" para el abordaje de la transición energética. "Es una irresponsabilidad como la copa de un pino reinventar impuestos a las renovables o plantear moratorias, como ocurre en comunidades gobernadas por el PP", ha criticado.