Los ayuntamientos guipuzcoanos de Azpeitia, Zestoa y Errezil, gobernados por EH Bildu, han presentado alegaciones contra el proyecto de parque eólico Piaspe que prevé construir la multinacional Statkraft en la zona. Los tres municipios consideran que "no se dan todos los requisitos necesarios para que el proyecto sea viable".
En un comunicado conjunto, han explicado que, durante la tramitación de la autorización administrativa previa del proyecto Piaspe, la declaración de impacto ambiental y la compatibilidad urbanística han sido analizadas y alegadas de forma conjunta por los tres ayuntamientos.
Desde el punto de vista urbanístico, Piaspe tiene una incidencia supramunicipal en la medida en que afecta a los terrenos de Azpeitia, Errezil y Zestoa. Así, apuntan que el PTS de Energía Eólica vigente en la actualidad recoge que este tipo de infraestructuras sólo pueden implantarse "en aquellas zonas en las que el planeamiento municipal no lo impida".
De acuerdo con las Normas Subsidiarias vigentes en Zestoa, el vial hacia el parque eólico y el parque propiamente dicho "estarían incluidos en el ámbito protegido" de la localidad.
Según el informe técnico sobre compatibilidad urbanística del Ayuntamiento de Azpeitia, el uso del parque eólico es compatible con el plan general de la localidad, pero "incompatible con corredores ecológicos y condicionantes superpuestos de interés paisajístico".
Asamblea ciudadana sobre el parque eólico de Statkraft en Zestoa / Ayuntamiento de Zestoa
Freno al despliegue eólico
Por lo tanto, a la hora de decidir sobre la Declaración de Impacto Ambiental, el Gobierno vasco "tendrá la última palabra". En cuanto a Errezil, "habría que hacer una modificación puntual en el plan de ordenación para que el proyecto sea viable", han señalado.
Hay que recordar que, aunque en el fondo el choque entre consistorios y Gobierno vasco es lo común en el proceso de tramitación de parques eólicos, en este caso tiene su relevancia por tratarse de tres municipios gobernados por EH Bildu. La coalición soberanista había variado su posición a raíz precisamente de la llegada de la firma noruega Statkraft, que a priori planteaba un modelo con mayores niveles de participación ciudadana.
Finalmente, y pesar del apoyo de EH Bildu a la última ley energética, los tres consistorios afectados por los planes de Statfraft optan por oponerse a los proyectos.