La saturación del sistema judicial vasco es una problemática que lleva años latente y por la que profesionales del sector llevan años demandando mejoras. Si bien esta es notable a nivel nacional, en el territorio se ha instaurado dada la creciente actividad judicial experimentada en los últimos años.
En concreto, la comunidad cuenta con poco más de 10 jueces por 100.000 habitantes -7 puntos por debajo de la media de la Unión Europea-; dato que fue facilitado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, en la apertura del Año Judicial de Euskadi, que tenía lugar hace solo unos meses.
En este momento, ya el máximo representante a nivel vasco avisaba del "déficit de la planta judicial en Euskadi", insistía en que los índices de congestión seguían "al alza" y desgranaba que precisamente eran los juzgados de Instancia de las tres capitales vascas y los de lo Social de Bilbao los más saturados.
Afirmaciones que reforzaba recientemente en una comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento vasco, en la que además aseguraba que para una población aproximada de dos millones y medio de habitantes, Euskadi cuenta con 250 jueces y juezas, "por lo que para alcanzar la media europea harían falta 150 más, de forma que se llegara a 400".
Juzgado Bilbao
Aumento de demandas por despido
Esta saturación coincide con el incremento de demandas por despido que llegan a los juzgados de lo social vascos. Según los últimos datos facilitados por el CGPJ, estas -al contrario que a nivel nacional, que disminuyeron- aumentaron un 5,5% en el segundo trimestre de este 2025, posicionando a Euskadi como la segunda comunidad con mayor incremento. Además, en este periodo se presentaron 17 EREs en los juzgados mercantiles vascos.
Cabe recordar que la presentación de una demanda por despido en los tribunales vascos, es el segundo paso a tomar una vez se ha ejecutado la salida del trabajador. Ya que en el territorio, el afectado tiene antes que pasar por 'una primera fase'.
Se trata del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Euskadi -a través de Lanbide- al que se acude como primer paso, con el fin de evitar que este asunto caiga en los tribunales. Aunque, aseguran fuentes del sector consultadas por este medio, en esta primera fase el porcentaje de acuerdo es ínfimo.
A esperas de que, tal y como Subijana exigió, se incorporen más magistrados, y con todo este contexto de saturación judicial; se ha desplegado, a nivel nacional, una herramienta que tendrá incidencia en todos los departamentos de Justicia del país.
Se trata del protocolo de actuación y puesta en marcha de la mediación intrajudicial que este viernes firman la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y la Fundación SIMA, con el objetivo de que sean los organismos correspondientes de cada comunidad los que absorban parte del trabajo relacionado con conflictos laborales que hasta ahora recaía sobre los juzgados de lo social.
En el caso de Euskadi, sería el Consejo de Relaciones Laborales, CRL, el que asumiría algunos de estos casos, todavía a falta de confirmar cuando se empezaría a llevar a cabo el traspaso de este trabajo con el fin de descongestionar el sistema judicial vasco.
Aunque, según los últimos datos facilitados por este organismo, el Preco -organismo incorporado dentro del propio CRL- resolvió en los once primeros meses del año un total de 416 conflictos -que afectaban a casi 828.000 trabajadores vascos-, de los cuales solo el 21,8% acabó con acuerdo.