Pese a las dificultades derivadas de la disparidad de criterios entre administraciones vascas, algunos promotores energéticos no cesan en su empeño por sacar adelante los proyectos que tenían planteados en la comunidad.
Es el caso de Fernando Valldeperes, CEO de la ahora vasca Ferosca Wind, que ha presentado un recurso contencioso administrativo después de que la Diputación foral de Álava desestimara su recurso de reposición contra la denegación del Plan Especial del parque eólico Ferosca I.
La de este parque es una historia larga y compleja que evidencia las dificultades que los interesados en instalarse en Euskadi encuentran debido a la disparidad de criterios y falta de encaje entre instrumentos: un proyecto avalado por el Gobierno vasco y vetado, después, por la vía municipal urbanística.
En octubre de 2025, el Gobierno vasco dio luz verde -con el "apto" a la Declaración de Impacto Ambiental y en enero de este año la Autorización Administrativa Previa- a tres de los seis aerogeneradores inicialmente proyectados en los términos municipales alaveses de Llodio y Ayala.
Uno de los pocos ‘vistos buenos’ recientes hacia parques eólicos que se vio enturbiado apenas seis meses después cuando la Diputación foral de Álava denegó la aprobación inicial del Plan Especial, a través de la Orden Foral 211/2026, motivada por una alegación del Ayuntamiento de Llodio.
El consistorio -gobernado por EH Bildu- amparaba su negativa en el Plan General de Ordenación Urbana -PGOU- del municipio, que clasifica la zona escogida para la instalación como 'zona de protección ambiental', donde el planeamiento prohíbe toda obra de nueva planta salvo las de “carácter público”.
Algo que desde la promotora, ya por aquel entonces, rechazaban contundentemente asegurando que este sería un planteamiento "desfasado" porque data del año 1995, cuando ni siquiera existían parques eólicos ni legislación sectorial en Euskadi.
Ante esta decisión, Ferosca Wind decidió presentar un recurso de reposición -trámite administrativo que permite impugnar una resolución con el fin de que sea modificada o anulada- algo que, según ha confirmado el Ayuntamiento de Ayala, ha sido desestimado por la misma diputación foral.
Con todo esto, son pocas las opciones que le dejan a un promotor que, según detallan estas fuentes, ha decidido presentar un recurso contencioso administrativo.
Un paso que será clave para el desarrollo renovable en Euskadi, no solo porque supone la entrada de los juzgados en este ámbito, también porque marca un precedente para aquellos promotores que están encontrando dificultades en sus planes vascos.
Declaración de utilidad pública
El inicio del camino judicial se entrelazará con un trámite solicitado por la propia promotora hace poco más de un mes: un cambio no sustancial de la Autorización Administrativa Previa, otorgada por aumento de la potencia unitaria de las máquinas.
Las modificaciones introducidas -que no están sujetas a evaluación de impacto ambiental- consisten en el aumento de la potencia unitaria de los aerogeneradores a instalar, de 4,5 MW a 7 MW, sin modificación de sus características geométricas, es decir, la altura de buje y diámetro de rotor.
De esta manera, el parque eólico -presupuestado por más de 16 millones de euros- sumaría 21 MW de potencia y estaría compuesto por 3 aerogeneradores.
Cada uno sería de 113 metros de altura de buje, 163 metros de diámetro de rotor y 7 MW de potencia unitaria, 1 torre de 113 metros de altura e infraestructura eléctrica de interconexión entre aerogeneradores en 30 kV.
Además, también se ha solicitado la catalogación del proyecto como de “utilidad pública”. Un trámite que catalogaría al parque, según el Gobierno vasco, como "de interés general"; por lo que, de cumplirse con el resto de pasos a seguir, sentaría las bases para su aceptación.