Persianas bajadas y luces apagadas. Así es cómo han amanecido algunos de los centros de la cadena de clínicas dentales Vivanta esta semana.
Algunos de ellos en Euskadi, dejando a miles de clientes 'tirados' sin previo aviso y a sus trabajadores con el aviso de un ERTE encima de la mesa.
Se trata de una cadena de presencia nacional que ya en 2022 recibía por parte del Gobierno central un préstamo de 40 millones de euros procedentes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
Las cosas por aquel entonces no iban bien y todo parece indicar que no han mejorado, provocando el cierre de algunos de sus centros en Euskadi, Castilla-La Mancha, Aragón y Galicia y la activación de un ERTE que afectará a 46 trabajadores.
El cierre de estos centros se suma a otros ya ocurridos con anterioridad de las firmas iDental, Dentix y otros centros odontológicos.
"Es lamentable que, una vez más, pacientes con citas programadas y tratamientos odontológicos en curso se hayan encontrado con clínicas cerradas y con una información insuficiente sobre cómo, cuándo y por quién se continuará la asistencia que habían contratado", ha denunciado el Consejo General de Dentistas de España.
Las recomendaciones
Tras conocer la noticia el Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide, ha dado este viernes una serie de recomendaciones a los afectados.
Según recoge EFE, este recomienda recopilar cuanto antes toda la documentación justificativa posible.
Se debe solicitar la copia del historial clínico completo, el presupuesto firmado y el plan de tratamiento detallado. Como los centros han cerrado y este trámite ya no puede hacerse de forma presencial, se aconseja enviar "un burofax con acuse de recibo y certificación de texto, a la sede social de la compañía".
También es imprescindible reunir todas las facturas, recibos de pago, extractos bancarios, contratos y folletos publicitarios que acrediten las condiciones pactadas y el dinero efectivamente abonado hasta la fecha.
Y en caso de haber pagado al contado por adelantado la reclamación debe dirigirse de forma directa a la sociedad mercantil titular de las clínicas. Si la compañía inicia un procedimiento de concurso de acreedores, los afectados deben comunicar la deuda ante la administración concursal para figurar en la lista oficial de acreedores.