En el debate parlamentario del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 ha surgido, de forma colateral, la exigencia de algunos partidos predispuestos al apoyo de la iniciativa para pedir una “armonización fiscal”. Como todo el mundo sabe, tal armonización no es un deseo sincero de conseguir ese objetivo, sino atacar las disposiciones tributarias de la Comunidad Autónoma de Madrid.

El ataque parece haberse concretado en eliminar la práctica exención en el Impuesto sobre el Patrimonio en dicha Comunidad. No importa que este tributo sea la figura más cuestionada de nuestro sistema fiscal y que en la  Europa de los 27 solo exista en España; en Francia se gira sobre la riqueza inmobiliaria y con matices. Tampoco importa que hace un año, las diputaciones forales de Álava y Bizkaia estuvieran dispuestas a proponer a sus Juntas Generales la eliminación de este impuesto, disposición que varió cuando empezaron a barruntarse iniciativas armonizadoras como la que ahora contemplamos.

La modificación normativa que se pretende consiste en la creación de una nueva figura tributaria del impuesto sobre el Patrimonio de escala nacional. El contribuyente, al hacer su declaración, deduciría el pago realizado por este concepto a su comunidad autónoma. Con este curioso sistema, el pago igualaría a todos los obligados tributarios con el resultado que la comunidad que reduzca el impuesto perdería la recaudación a favor de la Hacienda estatal. ¡Todo un éxito para los partidos que se dicen federalistas! Las escasas competencias normativas tributarias de algunas comunidades, son eliminadas cuando se ejercen.

Nos surgen dudas: esta nueva figura ¿habría que concertarla en el caso del País Vasco?; ¿quedaríamos sujetos a la nueva normativa armonizada?

El pago igualaría a todos los obligados tributarios con el resultado que la comunidad que reduzca el impuesto perdería la recaudación a favor de la Hacienda estatal. ¡Todo un éxito para los partidos que se dicen federalistas!

 

 

En ese rifirrafe,  siempre sale algún disparo suelto que se dirige a la figura del Concierto Económico del País Vasco. Hasta el Círculo de Empresarios Vascos ha hecho constar su preocupación por estas iniciativas de equiparación y homologación de determinados impuestos cedidos las comunidades autónomas, temiendo, muy acertadamente,  que la tal armonización lo sea al alza y no a la baja. Si hay que hablar de armonización fiscal, pues para todos. Se olvida que, como se ha dicho, en este asunto el País Vasco “juega en otra liga”. El Concierto Económico se halla amparado por los derechos históricos de la Disposición Adicional 1ª de la Constitución Española y por el Estatuto de Autonomía.

¿Es ético apoyar unas modificaciones tributarias que no les van a afectar personalmente, ni sus recaudaciones van a servir a las haciendas vascas? ¿No sería más lógico abstenerse?

Al hacer estas consideraciones sobre la situación tributaria que se puede crear, uno se pregunta sobre la postura de los diputados y senadores vascos ante proyectos de este tipo que se presentan en las Cortes Españolas, entendiendo por tales a todos los elegidos por todos los partidos que se presentan en las circunscripciones vascas y no solo a los que ostentan esa denominación como grupo parlamentario. ¿Es ético apoyar unas modificaciones tributarias que no les van a afectar personalmente, ni sus recaudaciones van a servir a las haciendas vascas? ¿No sería más lógico abstenerse?

Sé que esto puede ser una ingenuidad y que la disciplina de los partidos  y los compromisos de los acuerdos parlamentarios no permitirán estas actitudes. Pero no estaría de más planteárselo.