“Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar” cantaba Carlos Puebla a Fidel. Y en él reencarnado el presidente del Euskadi Buru Batzar del Partido Nacionalista Vasco, tomó el último día de enero las ondas de Radio Euskadi para anunciar que el tema de las vacunaciones irregulares ya se había terminado y que había que hablar de la “mozkorra borroka”. A ver qué andábamos. Qué él también es periodista “¿Para qué seguir estirando el chicle si ya no da más de sí?”. Textual. 

Y puede que tenga razón. Puede que la influencia y trasversalidad del partido mayoritario de Euskadi controlen y direccionen (dirijan) hasta este punto la agenda informativa y los medios acaten la sugerencia, pero da la sensación de que la oposición parlamentaria no está muy de acuerdo. De hecho, en el pleno de control del Gobierno toda la oposición ha vuelto a pedir al lehendakari el cese de la consejera de Salud “por mentir”. El lehendakari, por su parte, ha defendido a Sagardui y afirmado que ha dicho la verdad. No es verdad. 

La consejera mintió cuando dijo en comisión parlamentaria que los protocolos de vacunación eran claros y estrictos. Cualquier cosa menos eso. De hecho, unos días después estaban rectificando y redefiniendo los mismos, con objeto -precisamente- de clarificar y ser más estrictos. No dijo la verdad cuando negó, en repetidas ocasiones, conocer que en el hospital de Santa Marina se iba a vacunar a “la totalidad” del personal. El cruce de mensajes con el dimitido gerente le pinta la cara.  

Aún así ahí sigue. El lehendakari y el PNV han optado por amarrarse al palo mayor del barco a esperar a que pase la tormenta. Tres consejeros de Salud en dos años, pensarán, son demasiados. Pero lo mismo Sagardui ha vuelto a liarla. Porque según ha dicho Urkullu en el citado pleno de control, la consejera ha trasladado al Comisión de Ética Pública del Gobierno vasco “una consulta” sobre el tema. Además de lo misterioso que suena, alguien tendría que decirle a la consejera que eso es estirar el chicle. Es mantener vivo “el tema”. Igual que sería judicializarlo, aspecto que se ha insinuado alguna vez y, que yo sepa, no se ha descartado. 

Entre las funciones de la citada comisión, está la de “resolver las consultas formuladas por los cargos públicos y asimilados, así como por cualquier otra instancia, en relación con la aplicación del Código Ético y de Conducta”. Ya nos enteraremos del contenido íntegro de la consulta de hacer Gotzone Sagardui. Afortunadamente para ella, la Comisión de Ética es un trasto lento, pesado y -a los resultados me remito- bastante favorable a los intereses de los cargos públicos concernidos. Con decirles que aún estamos esperando su dictamen sobre los implicados en la tragedia del vertedero de Zaldibar. 

Por otro lado, la consejera puede deducir, con una somera lectura de las siete ¡siete! resoluciones adoptadas por la comisión de Ética a lo largo de 2019 (las de 2020 no están aún publicadas), que la recomendación que salga dentro de un año o dos le dará la razón. De hecho, todas las de 2019 son a favor del cargo público cuestionado. Unas por inadmisibilidad y otras por razonamiento. Y eso que una de ellas se interesaba por el cese de un director investigado por la Fiscalía. Pues bien, la Comisión de Ética recomendaba no hacerlo hasta la apertura de juicio oral. 

Y por si fuera poco, la Comisión de Ética está compuesta por la consejera de Gobernanza Olatz Garamendi, como presidenta, el viceconsejero de Función Pública (y exalto cargo de Osakidetza entre 2013 y 2017) Jose María Armentia, como vocal, el director de gabinete de la consejera Alberto Saiz Garitaonaindia, como secretario (sin voto) y dos vocales externos: la exmagistrada del Constitucional Elisa Pérez Vera y el científico del Instituto de Filosofía del CSIC, Txetxu Ausin. Desde luego, como las resoluciones se adopten por mayoría y no por unanimidad, se podían evitar el teatrillo, aunque desde el departamento de Gobernanza indican que “es costumbre y norma habitual tomar las decisiones de manera consensuada y unánime”. 

Pero la Comisión de Ética también está para “recibir las quejas o denuncias, en su caso, sobre posibles incumplimientos de los valores, principios o conductas recogidos en el Código Ético y de Conducta y darles el trámite que proceda”. Es decir, que un ciudadano -por ejemplo, el exgerente del hospital de Santa Marina, José Sabas- que entienda que un cargo público -por ejemplo, la consejera de Salud- ha vulnerado el citado código puede plantear la cuestión y razonarla ante este organismo. Y el chicle sigue estirándose.