Nadie quiere comprar ITP. Cuando menos, al precio que ha marcado su actual propietario, Rolls Royce. La empresa que creara la familia Sendagorta en los ochenta, cuando en Euskadi apenas había noticias positivas en las páginas de economía de los periódicos, es hoy uno de los principales fabricantes de motores de aviación del mundo. Y es también un ejemplo de cómo la unión de iniciativa privada y apoyo público, en este caso financiero y comercial, resultó fundamental en un sector estratégico con fuerte control institucional.

La empresa que creara la familia Sendagorta en los ochenta, cuando apenas había noticias positivas en las páginas de economía, es hoy uno de los principales fabricantes de motores de aviación del mundo. Y es también un ejemplo de la unión de iniciativa privada y apoyo público

 

ITP fue como un cohete y Sener, que fue poco a poco haciéndose fuerte en su capital hasta alcanzar el 53%, terminó vendiendo la compañía a una valoración cercana a los 1.400 millones de euros. A la histórica familia plentziarra le han ofrecido ahora recomprarla por un precio inferior. Ya no le interesa. Otras dos empresas que han mostrado cierto interés son las vascas Aernnova y CAF y la burgalesa Aciturri. En principio, el Gobierno, que tiene derecho de veto por ser un  fabricante militar, no quiere compradores extranjeros. Todos han pedido que las administraciones participen y seguramente lo harán.



¿Qué está ocurriendo? Por una parte, se trata de un sector que está atravesando sus peores momentos. Vender ITP ahora es como desprenderse de una fábrica de helados en plena ola de frío. Hay que tener mucha paciencia, eso que un consultor denominaría "visión estratégica", para sacarle frutos. Por otra, un problema sindical que también se repite en otras grandes firmas vascas de sectores "tocados", al que se ha unido una curiosa visión judicial anti-empresario.

Con pandemia no se puede despedir, aunque el negocio vaya de pena. Ante el riesgo de confiscación que esto supone, a ver qué multinacional invierte en Euskadi a partir de ahora.

 

Horas después de que ITP anunciara 133 despidos (finalmente fueron 87) en su filial PCB, ELA y LAB, que son los que más suelen liarla, convocaron una huelga indefinida y el comité de empresa, en el que también figuran UGT y CC.OO., judicializó el ERE. Paralelamente, los directivos y el personal de recursos humanos empezaron a recibir amenazas directas, hasta el punto de que a día de hoy acuden escoltados a trabajar. El delegado de LAB fue denunciado recientemente por producir daños en los autobuses que transportan al personal. En esto no ha cambiado mucho Euskadi respecto a los ochenta, cuando crear una empresa y mantenerla exigía altas dosis de valentía y optimismo, pese al inmenso apoyo público desplegado.



En lo que al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se refiere, lo que viene a concluir es que la empresa está aprovechando la crisis del coronavirus para hacer una reducción de personal que pretendía

realizar en cualquier caso. Para demostrarlo, indica que la facturación de PCB era creciente hasta 2020 e ignora la circunstancia de que lleve cuatro años registrando pérdidas. Viene a decir que los gastos financieros no cuentan y que, como la actividad de la empresa era próspera, no está autorizada a despedir.

A los problemas que generan unos sindicatos especialmente agresivos se les suma una política judicial que penaliza al accionista

 

Los jueces deciden, de esta manera, que "la paz social" que se logrará prohibiendo los despidos la paguen los accionistas de PCB, que son los mismos de ITP. Es decir, Rolls Royce. El problema de esta particular forma de ver el mundo económico es que, en el futuro, va a resultar muy difícil encontrar otros socios dispuestos a sostener empresas de cierto tamaño en Euskadi. A los problemas que generan unos sindicatos especialmente agresivos se les suma una política judicial que penaliza al accionista.



De ahí que la consejera Arantxa Tapia haya dicho que vender ITP va a llevar mucho tiempo. Quizás hasta que la pandemia se esfume y la demanda en el sector aeronáutico vuelva a fluir nadie querrá comprar esta compañía y Rolls Royce tendrá que seguir pagando los sueldos de los trabajadores que sobran, aunque sea para que se queden en casa sin hacer nada.



Los jueces lo dejan muy claro en esta frase: "Si la libertad de mercado y de disposición del empleo pertenece al ámbito empresarial, en este caso esta prerrogativa se ha restringido". Dicho de otra manera: con pandemia no se puede despedir, aunque el negocio vaya de pena. Ante el riesgo de confiscación que esto supone, a ver qué multinacional invierte en Euskadi a partir de ahora.