Samuel Ruíz salió de su casa y no volvió. Fue asesinado tras ser apaleado por una turba de personas: mientras unos le golpeaban, otros les jaleaban y entre todos le mataron. Imposible no sentirse conmovida al leer y escuchar el relato de unos hechos que han provocado unas de las movilizaciones más numerosas del último año y medio, reivindicando el derecho a ser, a ser sin esconderse en ningún armario, en ninguna de las facetas de la vida.
En el debate de fondo, la tolerancia hacia la diversidad de una sociedad que está a la vanguardia en la conquista de derechos y libertades civiles. Cuando ha pasado una semana desde que se inició la tramitación de la ‘Ley Trans’, una ley que, más allá de los debates que han centrado la esfera pública, extiende derechos al colectivo LGTBI, parece que vivimos un momento de regresión u hostilidad hacia uno de los colectivos más vulnerables a sufrir discriminación, como es la población LGTBI.
Una sociedad que avanza se blinda ante discursos de odio que suponen regresiones peligrosísimas para la convivencia, y por lo tanto para la democracia
La realidad es que España es uno de los países que ha legislado de una manera más incisiva en el reconocimiento de derechos de las minorías, y por eso el avance en derechos ha sido enorme, porque un país que garantiza la protección a los más débiles es un país que avanza. Pero, tal y como hemos experimentado en el caso de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género aprobada en el 2004 (hace ya 15 años), la aprobación de una ley no es suficiente, hacen falta recursos que las desarrollen, y la implicación de todos los agentes sociales y económicos para que los avances sean efectivos y se plasmen en todas las esferas de la vida.
Esta misma semana se ha presentado en Euskadi el informe de Ikuspegi, ‘Discriminación y diversidad en la CAE: perspectivas, ámbitos y colectivos”. El informe presenta a la sociedad vasca como tolerante y abierta, incluso más tolerante que la media europea en lo tocante a los matrimonios de las personas del mismo sexo. En cambio, muestra menos tolerancia hacia dos colectivos concretos, la población gitana y las personas de origen extranjero, curiosamente los dos colectivos sobre los que la conversación pública suele estar más ‘contaminada’: en lo relativo a la población de origen extranjero las recurrentes polémicas sobre la relación entre inmigración y RGI (Renta de Garantía de Ingresos), y en lo referente a la población gitana, las recurrentes polémicas sobre sus dificultades de integración.
Parece que vivimos un momento de regresión u hostilidad hacia uno de los colectivos más vulnerables a sufrir discriminación, como es la población LGTB
Uno de los principios que sustenta las democracias es el respeto a la diversidad, es el cuidado y la protección de las minorías. Uno de los argumentos clave contra la diversidad, y en defensa de una identidad nacionalista más homogénea, es que mucha diversidad debilitan el sentimiento de comunidad y pertenencia. Cuando la verdad es que, una sociedad que integra la diversidad es una sociedad que avanza, porque es capaz de expandir nuestros horizontes, trayendo diferentes valores, creencias y estilos de vida cara a cara, y forzándonos a pensar sobre esas diferencias. Una sociedad que avanza se blinda ante discursos de odio que suponen regresiones peligrosísimas para la convivencia, y por lo tanto para la democracia.