El actual presidente de México llegó a la más alta magistratura del país en 2018 empujado por una mayoría amplia y real. Esto último era lo que no podía asegurarse, precisamente, de algunos de sus predecesores, que su victoria electoral fuera clara y limpia. López Obrador llegaba para terminar con esa y otras muchas prácticas políticas que rebajaban notablemente la calidad de la democracia mexicana (como lo hacen, por lo demás, en muchos otros lugares, también en el seno de la Unión Europa). La mayoría con la que llegó al poder era también extraordinaria: obtuvo más del doble de sufragios que el siguiente candidato. 

Aquella mayoría respondía a muchos factores: una intensa campaña en la que López Obrador visitó casi cada pueblo de la república, un descontento social al que solo hacía falta dar voz y articulación política y, sobre todo, una necesidad muy extensamente sentida de que alguien abriera la ventana y ventilara. López Obrador era en 2018 la esperanza de todo ello. 

El autoritarismo no llega ya montado en un tanque sino a lomos del populismo

Hace unos días asomaba a la prensa mexicana un caso que ha ido adquiriendo volumen y eco internacional y que puede servir perfectamente de medida para valorar hasta qué punto aquella aspiración a la regeneración de la vida política e institucional de México se ha frustrado absolutamente. La Fiscalía General de la República, capitaneada por Alejandro Gertz Manero, pedía la imputación y encarcelamiento de 31 investigadores de alto nivel, con graves acusaciones de operación con recursos de procedencia ilícita, malversación y delincuencia organizada. Se trata de delitos equiparables, según la fiscalía, a los que se suelen imputar a los peores criminales y, por ello, solicitó su aseguramiento en una prisión reservada para este tipo de criminales. La esperable negativa del juez a admitir sin pruebas contundentes dicha petición, lejos de amilanar a la fiscalía ha llevado a Gertz Manero a presentar la misma solicitud hasta tres veces.  

Las razones por las que el fiscal general se empeña en tener a esos investigadores de alto nivel junto al Cártel de Jalisco, según se va sabiendo, son de lo más preocupantes. Todo apunta a una utilización espuria de la fiscalía para ventilar vendettas personales, tanto suyas como de la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología María Elena Álvarez-Buylla. Entre las cuentas que están ajustando parecen figurar el enfrentamiento de esta última con otro organismo que no controlaba (ahora con un nuevo estatuto propio ya sí) u otras pendientes del propio fiscal con algunos de esos investigadores, que le negaron varias veces la máxima acreditación investigadora (ahora ya la tiene por decisión de la presente directora del organismo). 

Deshacerse de una prensa que incomoda con su crítica, silenciar a una academia que no forma la identidad de rebaño que marca el canon dominante, o controlar un poder judicial que podría frenar buena parte de las medidas autoritarias del gobierno forman parte de esas prácticas

Miserias que, sin embargo, llevan a primer plano la deriva autoritaria que está adquiriendo la administración de López Obrador. Anne Applebaum ha descrito recientemente en un excelente libro cómo la extrema derecha europea ha ido desplegando en Polonia y Hungría unas prácticas de gobierno que conducen al autoritarismo. Deshacerse de una prensa que incomoda con su crítica, silenciar a una academia que no forma la identidad de rebaño que marca el canon dominante, o controlar un poder judicial que podría frenar buena parte de las medidas autoritarias del gobierno forman parte de esas prácticas. Todo ello se hace en nombre del pueblo (faltaría más) y preparando de antemano contundentes campañas contra la prensa díscola, la academia indisciplinada o los jueces que creen en la separación de poderes. Vendidos a intereses extranjeros, delincuentes, filoterroristas, disolventes de la identidad del pueblo, todo ello forma parte del arsenal de partidos como Fidesz o el PiS. 

Basta que en una de sus largas ruedas de prensa diga que esas personas y sus instituciones eran las consentidas “del régimen anterior” y del neoliberalismo para que se entienda como el plácet presidencial a todo este desmán

Pues bien, no solo la extrema derecha utiliza de esa manera el discurso populista para ir excluyendo de la vida pública a quienes puedan interponerse entre ellos y el poder político. Que la fiscalía mexicana se haya prestado a este revanchismo, que el Consejo de Ciencia y Tecnología esté un día sí y otro también pidiendo la cabeza tanto de académicos como de instituciones al completo y, sobre todo, que el presidente de la república salga en apoyo de todo ello da la medida de hasta qué punto el juego es el mismo, con otro color político, que el que vemos en Hungría o Polonia. Basta que en una de sus largas ruedas de prensa diga que esas personas y sus instituciones eran las consentidas “del régimen anterior” y del neoliberalismo para que se entienda como el plácet presidencial a todo este desmán.  

El autoritarismo no llega ya montado en un tanque sino a lomos del populismo. A este lo mismo le valen los inmigrantes o los homosexuales que los neoliberales o los del “anterior régimen” cuando se trata de señalar un enemigo con el que no se pretende debatir nada sino, al contrario, excluirlo del debate público. Para ello tanto sirve cerrar una universidad o un periódico, como amenazar con la cárcel a unos investigadores. Entre el poder y el partido del pueblo, nada: ese parece ser el lema del autoritarismo que va ganando terreno en México.