Uno de los problemas que subyacen a la escasa vocación emprendedora de los jóvenes vascos es el de los privilegios del trabajo en el sector público. Ser funcionario o empleado de una sociedad pública supone entrar en un paraíso de jornadas de siete horas diarias, generosas vacaciones, enorme flexibilidad y hasta facilidades para el escaqueo sin riesgo de despido.

Ante semejantes privilegios, es comprensible que una gran parte de los jóvenes que salen de las universidades elijan un futuro de este tipo sobre otro repleto de sacrificios, como es el emprendimiento. Por eso hoy más que nunca las administraciones vascas están haciendo todo tipo de esfuerzos para atraer startups de otros lares. Aquí no hay suficientes vocaciones.

Sirva esta introducción para explicar por qué la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que condena a la sociedad pública BilbaoTIK a contratar a seis informáticos de Deusto Sistemas saca a la luz una de las realidades más perversas que existen en la Euskadi de hoy. Se ha creado un país con una casta privilegiada, la de los que trabajan para la administración, que hace una auténtica competencia desleal sobre el resto de la economía.

 

Ser funcionario o empleado de una sociedad pública supone entrar en un paraíso de jornadas de siete horas diarias, generosas vacaciones, enorme flexibilidad y hasta facilidades para el escaqueo sin riesgo de despido

 

Por resumir, BilbaoTIK había contratado a una empresa privada para que le cediera, "ilegalmente" según el tribunal, seis informáticos. ¿Por qué no los contrató directamente? Supuestamente, porque solo los iba a necesitar temporalmente, algo que ha quedado probado que era falso, pues realizaron durante años trabajos similares a los de cualquier otro empleado público.

En la práctica, la verdadera razón por la que BilbaoTIK y la práctica totalidad de las sociedades públicas similares utilizan este tipo de mano de obra, conocida como "bodyshopping", es por su precio y flexibilidad. Mientras el convenio de BilbaoTIK obliga a pagar un mínimo de 2.700 euros al mes, los empleados de Deusto Sistemas recibían casi la mitad. Y eso que su horario era una hora mayor y se podía extender hasta las 10 de la noche.

Al margen de los orígenes de esta gigantesca injusticia, lo cierto es que es sumamente perniciosa para la sociedad vasca. Supone una competencia absolutamente desleal a la hora de atraer talento hacia el emprendimiento y el sector privado en general. ¿Podrían todos pagar 2.700 al mes a sus empleados? Las compañías que trabajan para la administración no pueden hacerlo, porque el sistema de contratación pública premia a la oferta más barata, a veces incluso incurriendo en dumping.

 

Se ha creado un país con una casta privilegiada, la de los que trabajan para la administración, que hace una auténtica competencia desleal sobre el resto de la economía

 

En Alemania, ese país que ponemos como (buen) ejemplo para casi todo lo que tiene que ver con el trabajo, los empleados de la Administración son los peor pagados. Compensan sus contratos blindados con unos sueldos inferiores y un cierto compromiso social. Los alemanes trabajan para la administración no porque pague mejor sino por motivaciones más trascendentales.

En nuestro ámbito sucede todo lo contrario, lo que explica por qué hay tantos servicios públicos que están privatizados. Desde las residencias de ancianos hasta la seguridad de gran parte de los edificios oficiales. La mayor parte de la informática también lo está, hasta el punto de que el de Bilbao es el único ayuntamiento de Euskadi que tiene una sociedad pública dedicada a estos menesteres.

Aunque la palabra "privatización" genera sarpullidos en muchos ámbitos políticos, lo cierto es que las empresas privadas ganan por goleada en eficiencia a las públicas. Sus empleados rinden más y lo hacen a menor coste. Incluso cuando se trata de sectores que llevan décadas viviendo del erario público en los que se ha generado cierto conchabeo en las adjudicaciones. Muchas empresas vascas, comúnmente conocidas como cárnicas, han vivido durante años del alquiler a la administración de carne, es decir, de programadores.

 

Si queremos construir un país sano económica y socialmente no cabe otra que reducir los privilegios de los funcionarios y asimilados de sociedades públicas

 

Muchos deberían preguntarse por qué tener canales de televisión en euskera le supone al erario público más de 100 millones de euros al año y disponer de un periódico en ese idioma solo le cuesta al Gobierno vasco algo más de dos millones. O por qué la mayor parte de los programas de éxito de EITB provienen de productoras privadas. Esta dicotomía, que va contra cualquier criterio de eficiencia, es de juzgado de guardia.

Si queremos construir un país sano económica y socialmente no cabe otra que reducir los privilegios de los funcionarios y asimilados de sociedades públicas. La otra alternativa, más difícil, es suprimir o privatizar todas las sociedades públicas y dejar la administración con una estructura muy simplificada y básica. De hecho, el convenio colectivo de BilbaoTIK ya prevé sospechosamente esta posibilidad.