Esta semana se ha hecho público el acuerdo entre el Gobierno Vasco y Elkarrekin Podemos IU que dará forma a la nueva Rentra de Garantía de Ingresos (RGI) como parte de la Ley del Sistema de Garantía de Ingresos y para la Inclusión que el Parlamento Vasco aprobará en los próximos meses.

Las rentas garantizadas son una parte esencial del modelo de protección social europeo, de ahí que la mayor parte de países europeos cuente con este tipo de medidas. Si bien, no se puede decir que hayan sido 100% efectivas a la hora de erradicar por completo la pobreza, es innegable el impacto que tienen en cuanto a la reducción de la pobreza – especialmente la severa – y la mejora de las condiciones de vida de las personas que la perciben. Qué Euskadi es un referente en rentas mínimas, no es algo nuevo, de hecho, quienes diseñaron el Ingreso Mínimo Vital se inspiraron en la renta mínima vasca.  

Conviene hacer un poquito de memoria. El Sistema Vasco de Garantía de Ingresos surge en 1980 para dar respuesta a la crisis económica que supuso una reducción de empleo sin precedentes en Euskadi. El Gobierno Vasco trató de dar respuesta a esta situación con la aprobación del Plan Integral de Lucha contra la Pobreza aprobado en 1980 qué regulaba las Ayudas de Emergencia Social, a la que se le dio rango de Ley con la aprobación de la Ley 2/1990 de Ingreso Mínimo de Inserción. Ya en 2008, se aprobaría la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social que configuró el actual sistema de prestaciones públicas (ahora en revisión) compuesto por la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la prestación complementaria de vivienda (PCV) y las ayudas de emergencia social (AES).

Una vez ampliada la cobertura y la cuantía, los mayores retos que enfrenta la RGI son, por un lado, garantizar que quienes cumplen los requisitos accedan a la prestación y, por otro lado, cambiar la percepción social que una parte importante de la sociedad vasca tiene de esta prestación

En 2011, con la transferencia de las políticas de empleo, se establece que la gestión de la garantía de ingresos pasaría a depender de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Fue en este momento cuando se introdujo un cambio en relación con el tiempo necesario de empadronamiento para poder acceder a la RGI, pasando de uno a tres años. El acuerdo entre Gobierno Vasco y Elkarrekin Podemos IU, presentado el martes, lo que hace es recuperar el tiempo mínimo de empadronamiento a un año que incluía el Sistema de Garantía de Ingresos hasta su modificación en 2011.

Si bien es cierto que la política de garantía de ingresos permitió que el proceso de movilidad descendente que afectó a Euskadi durante la crisis de 2008 no se tradujera en un sustancial incremento de las situaciones más graves de pobreza, también es cierto que el impacto de esta crisis se dejó sentir especialmente en las familias con hijos e hijas a cargo. Una RGI que no había considerado el elevado coste de la crianza en las familias más vulnerables (las más afectadas por la crisis del 2008), hizo que la pobreza impactase especialmente en aquellos que menos posibilidades tenían de revertir su situación, los niños y niñas. 

Esto explica que el Proyecto de Ley que el Gobierno Vasco ha presentado al Parlamento Vasco contenga mejoras importantes en cuanto a la cuantía y la cobertura de las familias con hijos e hijas a cargo, porque era bien sabido que eran estas familias quiénes más habían sufrido la falta de adecuación de una RGI que se había quedado obsoleta porque no daba respuesta a los profundos cambios que se han producido en el seno de la sociedad vasca desde la aprobación del marco normativo vigente.

En plena pandemia, el Gobierno central aprobó el Real Decreto-ley 20/2020 por el que establecía el Ingreso Mínimo Vital (IMV). La aprobación del IMV obliga a replantear y a rediseñar el conjunto del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión por dos razones esenciales: por una parte, el IMV se plantea como una prestación “suelo”, un mínimo común para todo el Estado, que ofrece la oportunidad de que el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos extienda su protección a todas aquellas personas domiciliadas en Euskadi que se hallen en situación de necesidad. De ahí que sea “más fácil” ampliar la cobertura y las cuantías de la RGI ahora que hace cuatro años, cuando los grupos políticos fueron incapaces de llegar a acuerdos. 

Una vez ampliada la cobertura y la cuantía, los mayores retos que enfrenta la RGI son, por un lado, garantizar que quienes cumplen los requisitos accedan a la prestación y, por otro lado, cambiar la percepción social que una parte importante de la sociedad vasca tiene de esta prestación: desde el efecto llamada, a la percepción de existencia de fraude hasta la estigmatización de las personas perceptoras. En un contexto de incertidumbre económica y de elevada inflación que coloca en situación de dificultades a la clase media, una mala imagen de la RGI será aprovechada para el desarrollo de discursos identitarios y nativistas que no hacen otra cosa que cuestionar la cohesión social.

La transferencia de la gestión del IMV va a permitir una gestión integrada del conjunto de las prestaciones económicas que conforman el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, lo que debería suponer una mayor eficiencia del sistema. Pero, a su vez, deja fuera la prestación complementaria de vivienda (PVC), que pasará a gestionarse desde el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco y no desde Lanbide como hasta ahora. 

Sabemos que uno de los grandes elementos de estratificación de nuestro país es la vivienda. El porcentaje del salario neto mensual que una persona joven asalariada destina al pago de la renta de alquiler es del 54,7%, muy por encima del límite máximo aconsejado de endeudamiento, que suele fijarse en el 30 % del salario, lo que dificulta su emancipación, cuestiona la autonomía de las personas jóvenes y determina la natalidad. 

Si el Gobierno Vasco de los años 80 fue capaz de impulsar una política pública pionera para dar respuesta a una crisis económica de envergadura desconocida, el Gobierno Vasco actual, una vez alcanzado el acuerdo para una reforma necesaria de la RGI, debe centrar sus esfuerzos en dos asuntos fundamentales: mejorar la percepción de la ciudadanía hacia la RGI para evitar la desconfianza en el sistema, y abordar las políticas de vivienda como lo que son, una herramienta fundamental para garantizar la emancipación de las personas jóvenes y reducir el riesgo de exclusión de las familias.