Esta semana hemos sabido que la Comisión Europea ha anunciado su intención de acelerar la implantación de energías renovables en la Unión Europea. Bruselas, que es consciente de que las energías renovables son la herramienta más eficaz para aumentar nuestra autosuficiencia y limitar nuestra dependencia de la importación de energías fósiles, quiere acelerar sobre todo la implantación de pequeñas instalaciones de autoconsumo en hogares y empresas para contribuir a la descarbonización. Para ello la Comisión Europa va a desarrollar un reglamento a través del cual se otorgará un sello de interés público a nivel europeo a las plantas de energías renovables.

La Comisión Europea da respuesta así a una de las principales barreras con las que se enfrenta la aceleración de implantación de energías renovables: procesos administrativos, burocráticos y regulatorios que terminan convirtiéndose en una traba que desincentiva y ralentiza la implantación de infraestructuras renovables. No puede ser que proyectos de implantación de energías renovables se retrasen entre 2 y 3 años por requisitos e informes administrativos que se repiten de una ventanilla a la otra. No puede ser que empresas que se encuentran con excedentes de energía, no la reviertan en otras instalaciones porque no existen facilidades para ello. La administración debe velar por el impacto medioambiental, pero no desincentivar el consumo de energías renovables. 

La otra gran resistencia a la que se enfrenta esta aceleración de energías verdes es el recelo de una ciudadanía preocupada por el impacto ambiental de infraestructuras que alteran el paisaje (su paisaje). Para vencer las resistencias, la manera de convencer nunca puede ser imperativa. La población que va a ver cambiado su paisaje, que va a perder puestos de trabajo por la descarbonización, o que va a ver cambiados sus modos de vida, necesita incentivos que la hagan ver y sentir que ese cambio merece la pena: desde reducciones en el precio de la energía, hasta participaciones en la titularidad de las instalaciones o servicios en su municipio que compensen el impacto de una transición que es inevitable. 

Ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid se acercó al negacionismo con una frase que ya hemos oído en otras ocasiones y que navega en el subconsciente de los retardistas, aquellos que quieren retrasar el impulso de una agenda climática que va a suponer cambios en nuestros modos de vida: “no pasa nada, siempre ha habido cambio climático”. Es probable que Ayuso consiga activar un conflicto existente entre la aceptación del problema y la asunción de los costes, restricciones y prohibiciones derivados de los cambios de modos de vida necesarios para revertir el cambio climático. Y seguramente ahí está el problema. 

Es mentira que un bulo repetido merezca ser verdad. Las palabras de Isabel Díaz Ayuso que se han hecho virales al ritmo veloz que garantizan las redes son un bulo. Pero hay una clave en el mensaje de Ayuso que hay que saber leer: existe el riesgo de que la transición energética deje a gente atrás, por eso es determinante que quiénes lideran esta transición (administraciones, empresas, cooperativas) den respuesta a las resistencias existentes, relacionando estos cambios con nuevas oportunidades de progreso. No podemos obviarlo, hay intereses electorales que ya están mirando a los desencantados con la agenda climática.