La multitudinaria manifestación por la sanidad pública celebrada en Madrid este domingo ha demostrado dos cosas, por un lado, el buen estado de la oposición de izquierdas, que ha sabido organizarse y movilizar a sus simpatizantes contra el Gobierno de Díaz Ayuso, y, por otro lado, que la situación de la sanidad es algo que estimula a los ciudadanos.

Los problemas sanitarios se han hecho notar desde hace tiempo, la crisis sanitaria del COVID fue una prueba severa que desveló debilidades, algunas de las cuales no se han logrado resolver.

En Osakidetza, el sistema digital de cita previa para una dolencia indeterminada no concede visita presencial en Vitoria hasta después de Reyes, en 2023. Es decir, dos meses de plazo. Obviamente, si la enfermedad es leve, la cita se celebraría después de haber superado la enfermedad, en caso contrario, puede ser tarde incluso para su curación.

 

Euskadi, con un ratio de 8,9 médicos de familia por cada 10.000 habitantes, está justo por detrás de Madrid y por delante de Navarra

 

Es natural que las demoras sean tan acusadas. Euskadi, con un ratio de 8,9 médicos de familia por cada 10.000 habitantes, está justo por detrás de Madrid y por delante de Navarra, con un ratio de 9,8, en esta escala. Las tres comunidades autónomas han tenido una buena imagen sanitaria, pero la realidad las está desbordando. Y no sólo a ellas, los problemas de atención sanitaria son comunes a todas las regiones españolas, aunque Madrid suene más (llevan a Almodovar en la cabecera de la manifestación), hay muchas otras comunidades con protestas. Cantabria está sufriendo una huelga indefinida de médicos con quejas semejantes a las expresadas en la capital de España.

Y no parece que la situación vaya a mejorar sustancialmente en los próximos años, más bien lo contrario. Los presupuestos públicos siguen incrementando la partida destinada a Sanidad, que ronda en todas las comunidades un tercio del presupuesto total, pero la demanda sanitaria es creciente en una población que envejece y no se renueva.

Cada día hay más personas mayores y el envejecimiento del 'baby boom' augura un colapso sanitario en el momento en el que los nacidos en los 60 y 70 se conviertan en demandantes constantes de atención médica, lo que va a ocurrir en un breve plazo de tiempo.

 

El País Vasco tiene un déficit de pensiones de 2.564 millones anuales, uno de los más altos de España, y la cifra va en ascenso

 

Lo que está sucediendo con la crisis del sector sanitario es lo mismo que ya ha sucedido con las pensiones, que ya han entrado en déficit estructural, o lo que también se advierte en los servicios sociales, en los que el número de personas dependientes está complicando su adecuada prestación.

Así, el País Vasco tiene un déficit de pensiones de 2.564 millones anuales, uno de los más altos de España, y la cifra va en ascenso, como en el resto del país, haciendo el sistema inviable. En el caso de los servicios sociales, las prestaciones para personas dependientes están congeladas en Álava desde hace cinco años por las dificultades de afrontar una revalorización de las retribuciones. Es sólo el principio de una bajada de la calidad del sistema del que parece que sólo se libra la Renta de Garantía de Ingresos, que este año próximo va a tener una revalorización del 10%, una cantidad que bien quisieran para sí los que están trabajando.

 

La labor de quienes tienen la responsabilidad de gestionar estos servicios es la de hacer más eficiente el sistema e implementar medidas que hagan posible su sostenibilidad

 

Salvo esa excepción de la RGI, la realidad es que todas las administraciones están revisando sus formas de afrontar los costes sociales y sanitarios. No podía ser de otro modo cuando la evolución de la población activa se va a reducir significativamente a medida que la población envejece y deja de aportar al sistema. El envejecimiento hace una sociedad más demandante de asistencia, tanto social como sanitaria, en una evolución que convierte a los contribuyentes del sistema de pensiones en perceptores.

La labor de quienes tienen la responsabilidad de gestionar estos servicios es la de hacer más eficiente el sistema e implementar medidas que hagan posible su sostenibilidad. Europa está en posición de debilidad por la pésima evolución de su capital humano en condiciones de trabajar y por el incesante incremento de demanda de servicios sociales y de salud.

Esa revisión de los costes y los servicios, necesaria, debiera de ser comunicada con claridad y no con ocultación o con negación, como vemos que sucede con frecuencia en un intento de esconder lo que la sociedad ya percibe: que vamos perdiendo calidad sanitaria y que el futuro no anuncia que los servicios vayan a mejorar.