Tiene toda la razón el ministro Bolaños cuando afirma que el Tribunal Constitucional no es parte del Poder Judicial y que, por lo tanto, los nombramientos que acaba de hacer el Gobierno no pueden ser tachados de forma alguna de ilegalidad, menos aún de inconstitucionalidad. El Gobierno no está, es cierto, contaminando políticamente el Poder Judicial con sus nombramientos. No hace falta más que leer la Constitución para comprobar que esto es así: basta con que procedan de la magistratura, la fiscalía, la universidad o la función pública siendo juristas “de reconocida competencia” con quince años de ejercicio profesional.

Tanto Juan Carlos Campo como Laura Díez cumplen cabalmente estos requisitos. El Tribunal que los ha de acoger podrá considerar si procede el nombramiento del gobierno separadamente del que tiene que hacer el Consejo General del Poder Judicial —que boicotea cuanto puede el sector conservador— pero pocas dudas caben acerca de lo que afirma el ministro de la Presidencia acerca de la idoneidad de dichas personas.

Dicho esto, a mi entender, al ministro Bolaños le quedó por responder la pregunta oportuna en este momento, que no es acerca de la idoneidad de los nombrados sino sobre la conveniencia de que el Gobierno haga dichos nombramientos. ¿Es conveniente que el Gobierno utilice la discrecionalidad que la Constitución le otorga para designar sus magistrados constitucionales de una manera tan groseramente política? El motivo para ello parece claro, a tenor de las respuestas dadas por el ministro en su comparecencia ante la prensa: quien está jugando a politizar este ámbito es la oposición que, usando su ascendiente sobre la mayoría del CGPJ, entorpece el buen funcionamiento de las instituciones del Estado que tienen que ver, sin ser parte de él, con el Poder Judicial. Quizá, parece deducirse de sus palabras, con estos nombramientos vean lo que se les viene encima y se decidan a hacer sus nombramientos, presumiblemente con igual señalamiento político.

Es indudable que quien forma gobierno marca la línea política de acuerdo con su ideología, que para eso lo ha elegido la ciudadanía. Pero es función del gobierno, más que de la oposición, tender puentes con las otras ideologías que están también en el parlamento

Es decir, que el Gobierno estaría usando una institución tan esencial del Estado en una operación estratégica. Si un artículo de opinión como este soportara los emoticonos del lenguaje digital, este sería el momento oportuno de la cara de asombro con cejas enarcadas y ojos grandotes. En este punto, y asombrados, hay que rebobinar para coger perspectiva. Uno de los argumentos que se han manejado por parte de la opinión más favorable a la decisión del Gobierno se refiere a lo que el Partido Popular hizo en el año 2013, cuando fue su turno, que fue exactamente lo mismo que está haciendo ahora el PSOE.

No me digan que Enrique López era la mejor opción que tenía el PP en el espacio conservador para el TC. Mal andarían, y no es el caso puesto que en ese ecosistema el conservadurismo es casi endémico. Pero sí era la opción más política, cabe decir, más previsiblemente proclive al gobierno que lo nombraba. No es de extrañar que, tras su salida poco honrosa del TC, fuera a parar al gobierno autonómico más radicalmente derechista del PP. Podría añadirse, abundando en el argumento, que el PP, cuando tuvo ocasión propicia, conformó un Consejo General del Poder Judicial que ahora estamos experimentando hasta qué punto es capaz de seguir la voz de su amo político en vez de la voz del deber institucional.

He cargado tintas a propósito para que el contraste se vea más nítido, porque ahora volvemos al punto en que rebobinamos. Al volver la vista atrás, todavía se ve más inconveniente, menos justificado, que el Gobierno haga estos nombramientos. Tiene cantera de sobra de la que tirar, lo que significa más esta elección como deliberadamente política. Con ello añade, no resta, a la política entendida como una actitud partisana (al enemigo, ni agua) y resta, no suma, a la política entendida como la capacidad de transaccionar (al enemigo, puentes).

Es indudable que quien forma gobierno marca la línea política de acuerdo con su ideología, que para eso lo ha elegido la ciudadanía. Pero es función del gobierno, más que de la oposición, tender puentes con las otras ideologías que están también en el parlamento. La oposición puede permitirse el lujo de la política partisana, el gobierno, a mi juicio, no.