Durante estos dos últimos años de pandemia, una de las grandes reclamaciones de Lakua ha sido el respeto al autogobierno vasco. Un autogobierno del que, al parecer, ha abdicado en materia fiscal. Es evidente que el nuevo impuesto a las grandes fortunas no va a suponer el mundo en ingresos en una Euskadi donde es casi un calco al gravamen de Patrimonio. Solo había margen de recaudar algo de las rentas más altas, de apenas medio millar de contribuyentes. Pero resulta llamativo que Azpiazu haya tirado a la basura esa oportunidad sin haber intentado regular el tributo que ya no se podrá recaudar del ejercicio 2022.
Lakua ha abdicado de sus competencias fiscales para cobrar más a quien más tiene. La competencia con Madrid no sirve de excusa en esta ocasión, porque el impuesto de grandes fortunas viene precisamente a ‘restablecer’ el de Patrimonio en las comunidades gobernadas por el PP. Ese desuso del impuesto sólo puede ser síntoma de dos cosas: o al Gobierno no le importa que servicios públicos como Osakidetza no estén funcionando correctamente… o hay mucho jeltzale entre quienes se verían afectados por el 'impuesto a los ricos'