Un centenar de viajeros que habían aterrizado en Loiu dos horas antes de la nochevieja tuvieron que pasar los primeros momentos del año en el aeropuerto ante la ausencia de autobús y taxi. Puede ser que el derecho de los conductores a cenar con sus familias estuviera por encima del de los pasajeros de avión, ¿pero no se supone que estamos en un mercado en el que la oferta debería adaptarse a la demanda? En Euskadi, no.



El Gobierno vasco ha puesto todas las trabas habidas y por haber para que operadores privados como Uber o Cabify no puedan actuar. Al final, la intervención de las autoridades de la competencia es la que ha permitido que la multinacional norteamericana pueda hacerlo, aunque muy tímidamente. Apenas hay 39 licencias de VTC (Vehículo de Transporte con Conductor) en todo Bilbao para gestionar un servicio que su competencia, el taxi, realiza con 774 automóviles.



De hecho, Cabify, cofundada por el bilbaíno Vicente Pascual y con operaciones en once países del mundo, ha preferido no entrar por el momento en la capital vizcaína. Aunque fuentes internas de esta compañía reconocen que es un mercado muy atractivo por la cantidad de desplazamientos que se producen, no les salen los números. Las diputaciones vascas han otorgado muy pocas licencias VTC y traer conductores de fuera no les sale a cuenta en un entorno tan restrictivo para sus actividades.

"Donde no se dan las circunstancias, no vamos”

"Aprovechamos las oportunidades que establecen las autoridades locales y, donde no se dan las circunstancias, no vamos”, dijo Pascual hace un par de años cuando se le preguntó por la posible entrada de su empresa en Bilbao. Los críticos de Uber y Cabify suelen alegar que el taxi, como servicio público que es, está sometido a una regulación que impide abusos en precios y en calidad. Las plataformas que utilizan vehículos VTC operan exclusivamente con criterios de mercado por lo que, si la demanda es muy alta, aumentan sus tarifas. Y viceversa.



En una situación como la que se vivió en el aeropuerto de Bilbao el pasado 31 de diciembre, Cabify habría podido llevar sus vehículos a Loiu. El precio de las carreras se habría incrementado sustancialmente, pero los viajeros no habrían tenido problemas para llegar hasta su destino final. Está claro que los taxistas, que cobran lo mismo ese día que cualquier otro, no tenían suficiente incentivo para trabajar en esa jornada.



Por el contrario, en un día normal, lo que Uber o Cabify pueden hacer es ofrecer mejores tarifas. Y no solo eso. Los usuarios de los VTC valoran mucho poder utilizar una aplicación para conocer previamente la disponibilidad de vehículo y el coste de la carrera, además de la uniformidad del servicio: los conductores suelen llevar el coche limpio, visten de la misma manera y siguen un protocolo común. El que se monta en un taxi generalmente no sabe lo que le espera.



Sin olvidar una función fundamental de las aplicaciones de Uber o Cabify: la valoración del conductor, que actúa como un aliciente para que todos se esmeren al máximo. Al igual que ocurre con los hoteles o los apartamentos turísticos, el comentario del usuario actúa como una especie de guillotina que, ante el riesgo de fulminar al que no lo hace bien, empuja a todos a dar lo mejor de sí mismos.



Hasta el punto de que allí donde los Uber o Cabify pueden actuar con libertad, los taxis pierden mercado rápidamente. El usuario, y especialmente el más joven, se decanta por el que le da el mejor servicio con un precio similar o incluso inferior. ¿Y qué hacen los taxistas? Rebelarse y pedir a las administraciones que pongan barreras a la nueva competencia.

En otros lugares del mundo lo tienen más claro: más competencia significa mejores precios y mayor creación de empleo

Y parece que no les ha costado mucho convencer a las vascas. El Gobierno no tardó nada en redactar un decreto que restringía las actividades de los VTC, finalmente tumbado por los tribunales. Sin -olvidar las constantes ayudas que reciben de las instituciones locales para comprar vehículos eléctricos o adaptarlos para personas con minusvalía y para disponer de paradas en la vía pública.



El Ayuntamiento de Bilbao ha llegado al extremo de destinar 250.000 euros (más IVA) para elaborar una aplicación móvil "oficial" que permita pedir taxi "en el término municipal". Como novedades aporta el cálculo previo del coste aproximado de la carrera, al margen del taxímetro, y la posibilidad de ver dónde está el taxista sobre un mapa de la ciudad. Son servicios que ya ofrecen los Cabify o Uber con VTC y que también facilitan a nivel internacional empresas como MyTaxi o FreeNow.



Pero se ve que en la capital vizcaína, además de la legislación más restrictiva posible, necesitamos txapela y una "B" bien grande. Luego nos seguiremos quejando de que nuestra economía no crece tan rápido

como otras y de que no somos un país atractivo para el talento internacional. En otros lugares del mundo lo tienen más claro: más competencia significa mejores precios y mayor creación de empleo.