Está amortizado. Con esta frase la candidata a la alcaldía de la capital de Euskadi por el PNV despachaba la semana pasada el caso de Miguel. Beatriz Artolazabal, que así se llama esta señora, no cree que el mayor escándalo de corrupción juzgado y condenado en Euskadi, y que pringa a su partido hasta las trancas, le quite un solo voto. Posiblemente, para vergüenza de la ciudadanía vasca, tenga razón.

Tiendo a pensar que esta creencia, la amortización política del caso, está muy tasada en el subconsciente vasco. De hecho ya la hemos oído de labios, y leído en líneas, de politólogos, tertulianas, políticos de otros partidos o periodistas. El caso de Miguel está amortizado.Y quien insista en él es, como mínimo, un pesado o un resentido.

Sin embargo yo, como buen pesado y consciente resentido, no me resigno. No me resigno a opinar que el PNV no era ajeno al caso de Miguel, que el PNV no ha sido –ni mucho menos-, exonerado del caso de Miguel, que la red de extorsión condenada estaba formada por militantes, cargos públicos y cargos internos del Partido Nacionalista Vasco. Que esas prácticas corruptas de extorsión económica no eran, o no solo eran, para el enriquecimiento privado de los mafiosos condenados. Y que solo hemos rascado la epidermis de una corrupción suave pero sistémica en Euskadi, sostenida por más de cuarenta años de ostentación –prácticamente ininterrumpida- del poder institucional que le ha permitido al PNV permear hasta el último rincón del entramado económico, financiero y judicial del país, con la aquiescencia de quienes debieran ser su alternativa. Es solo mi opinión.

¿A qué viene ese rebote? A la vergüenza. Un sentimiento que todos deberíamos sentir cuando nos pillan en falta. Ni siquiera digo arrepentimiento. Me conformo con la vergüenza. La que motivó que el lehendakari Urkullu – el mejor de los suyos con diferencia- mostrara públicamente su pesar por lo sucedido. Y en el PNV la falta de vergüenza es escandalosa.

Solo hemos rascado la epidermis de una corrupción suave pero sistémica en Euskadi, sostenida por más de cuarenta años de ostentación –prácticamente ininterrumpida- del poder institucional 

Solo lamentan que les hayan pillado. No solo han contribuido al mantenimiento económico de los condenados, con el blindaje de sus puestos de trabajo públicos (siempre tienen, todas ellas y todos ellos, puestos de trabajo públicos), sino que han obstruido, a mi parecer, la acción de la justicia lo que han podido y retrasado años y años la resolución de la causa. Y tras la sentencia del Supremo, todavía apuran para que Txitxo no entre en la cárcel para pagar su deuda con la sociedad.

En vez de callar y seguir pidiendo disculpas en nombre del partido por haber albergado a probados delincuentes, cargos, carguitos y carguetes del PNV se van soltando, al tiempo que nos enteramos de infamias como la inspección de la Hacienda Foral de Bizkaia a la denunciante, notificada tres días antes de que ésta tuviera que ratificar su denuncia en el juicio. Una actuación impecable de la Hacienda Foral, según se infiere de las declaraciones de su máximo responsable. Un intento más de intimidación, opino yo.

Sabiendo estas cosas, o viendo a su jefe, Andoni Ortuzar, despachar a Ainhoa Bilbao, la denunciante, con un gélido “A esta casa no ha venido nunca. No sé qué hubiera pasado si hubiera venido a decir 'me está pasando esto'. Solo sé de ella lo que ha salido en la Prensa, no le pongo cara”, es normal que otros subordinados se vengan arriba.

En este punto presentamos a Mikel Arruabarrena. Tiene 36 años. Es el candidato de su partido a la alcaldía de Elorrio, tras dos legislaturas en la oposición, desde 2015. Pero no importa, como joven promesa jeltzale que es, el PNV le integró en la listas del Parlamento vasco en 2016. Y allí sigue. Cobra 75.327,42 euros anuales. Un millenial.

La semana pasada, en sede parlamentaria, Mikel Arruabarrena consideró que los “principales damnificados” por la gran duración de este sumario son los “enjuiciados” y presentó a Alfredo de Miguel como una víctima de la tardanza de la justicia. Una tardanza que, recordemos, ha sido inducida –en gran parte- por la estrategia de la defensa y que, al final, ha contribuido a que su pena se rebaje “por dilación indebida”. Haciendo méritos, imagino.

En dicha comisión parlamentaria también estuvo la consejera Arantza Tapia, a quien no les voy a presentar porque es de sobra conocida para cualquiera que vea un Teleberri u oiga Radio Euskadi. Siempre sale.

Una consejera de larga experiencia y recorrido que para descalificar la valentía de la denunciante Ainhoa Bilbao, solo pudo contestar que “quizás otras personas tendrían que haber sido valientes y denuncia otro tipo de extorsiones en este país”. Pobre respuesta para todo un carácter. Eso sí, de arrepentimiento o vergüenza, nada de nada.

Por eso, lectores míos, me opongo frontalmente a la amortización de Artolazabal. Yo soy más de desamortizar, como Mendizabal.