En el insólito trance culminado esta semana con el “yo sigo” del presidente Sánchez, hay algo que nos muestra bien cómo se está distorsionando la modernidad originada en las revoluciones constitucionales de finales del siglo XVIII, el liberalismo del XIX y la democracia del XX. El cambio de sistema operativo que introdujeron respecto del mundo anterior se basó en una paulatina diferenciación entre lo público y lo privado, convirtiéndose en uno de los rasgos más propios de las sociedades occidentales contemporáneas. Sobre esa diferenciación se construyó, de hecho, nuestra idea de la representación política, bien en forma de un parlamento de notables y grandes propietarios, como en el siglo XIX, bien en la forma de parlamentos democráticos como los actuales. Voten muchos o pocos, la idea es que la representación sirve para que la conciencia privada se transmute en pública. Por decirlo brevemente, lo privado (mi conciencia) se hace público solamente cuando se socializa a través de mecanismos representativos: partidos, asociaciones, medios de comunicación tienen sentido porque existe un momento en el que la representación produce la transustanciación política de las conciencias ciudadanas.
Esta diferenciación de ámbitos se produjo tanto para preservar la emancipación del individuo (ser dueño absoluto de su propia conciencia), como para evitar que el gobierno del Estado se confundiera con el de la familia. Por ello el reinado de Isabel II fue tan discordante con las exigencias de la política moderna al hacer de la vida privada de la reina un asunto público. En el caso de sus antepasados era público incluso, y es literal, ir al baño. En el caso de sus descendientes, cuando lo privado se convierte en un asunto político se resuelve quitando de en medio al monarca.
Lo que resulta extraño, y ya veremos hasta qué punto arriesgado, es resolver esa situación como un asunto personal político porque abre un espacio borroso entre lo privado y lo público que la política moderna no integra
Desvirtuar esa distinción entre lo público y lo privado implica evidentes consecuencias para el modo en que ha funcionado hasta ahora la política. Hemos visto estos días cómo, por una parte, el presidente del Gobierno, aludiendo a “lo personal” no solo tomaba una decisión política sino que desactivaba la política misma durante unos días. Lo que en otro momento se habría resuelto con una baja por indisposición que está prevista en la ley del Gobierno de 1997, Sánchez ha optado por transferirlo al ámbito público haciéndolo político. Si le superaba, como parece, la situación generada en torno a su familia, la lógica moderna diría que debería haber recurrido a los mecanismos de retorno al ámbito privado preservando así el público. Si lo que ocurría era que percibía la necesidad de corregir aspectos claves del funcionamiento de lo público, lo correcto sería haber convocado a los representantes políticos para tratarlo. Lo que resulta extraño, y ya veremos hasta qué punto arriesgado, es resolver esa situación como un asunto personal político porque abre un espacio borroso entre lo privado y lo público que la política moderna no integra.
Este espacio borroso que deliberadamente confunde lo privado y lo público ha sido en este asunto también abonado desde la oposición. Cuando su líder decide dar pábulo a insinuaciones y bulos sobre la vida privada del presidente y su familia, cuando lleva esto al ámbito público amagando día sí, día también con trasladar al espacio público del Senado incluso a las personas de ese ámbito privado, está, desde luego, participando de ese borrado de linde entre ámbitos que el funcionamiento correcto de la democracia contemporánea quiere distinguidos. La responsabilidad política, si la hay, no puede exigirse a quien no tiene ese carácter público. La penal, si la hay, hace ya tiempo que debería haber sido puesta en conocimiento de la única instancia que puede sustanciarla cosa que, no casualmente, el Partido Popular no ha hecho en años.
Admitir investigar a la esposa del presidente del Gobierno basándose en una chapuza digna de quien ha presentado la denuncia, es un acto puramente político que, además, traslada como un balonazo a bocajarro al ámbito público un asunto privado
Es esta justamente la otra contribución a esta conversión de lo personal en político, la del poder judicial. Miembros de este poder, que por su propia naturaleza constitucional no es político (si lo fuera deberíamos elegirlo), llevan tiempo cruzando esa frontera de la manera más irresponsable. Admitir investigar a la esposa del presidente del Gobierno basándose en una chapuza digna de quien ha presentado la denuncia, es un acto puramente político que, además, traslada como un balonazo a bocajarro al ámbito público un asunto privado.
Vivimos en un mundo de una enorme complejidad, también en lo que supone la comprensión de la modernidad y de la democracia. Que hay otras modernidades a las que les sobra la democracia porque tampoco establecen frontera alguna entre lo privado y lo público, es tan obvio como que los países donde la han asumido son potencias mundiales de primer nivel. Nuestro sistema constitucional y el fundamento de la Unión Europea se asientan en la democracia entendida como la forma en que dirimimos esa tensión entre lo personal y lo político sin matarnos y sin entregar nuestra libertad y nuestra privacidad al Estado. Lo personal político solo puede dañarnos.