Fumata blanca sobre la bocina. Y porque había bocina, que si no seguiríamos igual, sin renovación del órgano que cumple funciones esenciales para el buen funcionamiento del poder judicial. Buen funcionamiento significa, ni más ni menos, garantías de que este extraño poder, el de los jueces, no descarrila del trazado constitucional. Es cierto que la más importante de las garantías de que tal cosa no ocurra son ellas y ellos, juezas y jueces, pero el Consejo General del Poder Judicial debería servir como garante externo a dicho poder de su correcto desempeño. Esta, y no el nombramiento discrecional de altos magistrados, debería ser su función básica. De momento, la buena noticia es que el Partido Popular ha puesto fin al bloqueo sistemático de su renovación haciendo valer por fin Alberto Núñez Feijóo su propio criterio.

Que se haya decidido el líder del principal partido de la oposición y el más numeroso de la cámara a dar cumplimiento al mandato legal de renovación del CGPJ es muy importante por varios motivos. Para empezar para él mismo, para Feijóo, que necesitaba aclarar si es él quien manda en el PP o el triángulo Aznar, Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Vista la reacción de la prensa adicta a este sector, diría que el resultado ha sido muy favorable para el gallego. Era cuestión de atreverse.

La investigación judicial sobre la mujer del presidente del ejecutivo apesta a anteposición de una inquina política a la regularidad del proceso judicial

Más allá de las pugnas intraderechas que habían bloqueado durante años este acuerdo, este era necesario para que alguien tome con legitimidad las riendas disciplinarias del poder judicial. Es más que evidente, como decía antes, que la mejor garantía de que los jueces y magistrados cumplen con su función constitucional son ellos mismos. Sin embargo, es igualmente evidente que, sobre todo en tiempos recientes y coincidiendo con la precariedad del CGPJ, hemos asistido a una invasión del ámbito de la política desde el de la judicatura. Es un riesgo que se deriva justamente de su condición de poder y también por ello es extremadamente necesario que esté equilibrado por los otros dos.

Que se ha hecho, y se sigue haciendo, un uso político del poder judicial creo que no se le escapa ya a nadie que lea la prensa en este país. En todo el recorrido de la ley de amnistía hemos podido ver cómo se tomaban decisiones por parte de jueces con la clara voluntad de contrarrestar las adoptadas por el legislativo o, antes, para interferir en las negociaciones políticas para conformar un Gobierno. Hemos llegado a ver togas en manifestación, que ya es decir. La investigación judicial sobre la mujer del presidente del ejecutivo apesta a anteposición de una inquina política (en el mejor de los casos) a la regularidad del proceso judicial. Tales actuaciones no han recibido, por supuesto, la más leve atención por parte del CGPJ, como tampoco las del director del gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid anunciando en las redes sociales lo que va a acontecer en los juzgados o con el fiscal general del Estado. Por contra, sí (y con razón) el Consejo reprendió al mismísimo presidente del Gobierno cuando desautorizó la actuación del juez que sigue indagando irregularmente las actividades de Begoña Gómez.

Sí o sí, el nuevo Consejo deberá poner orden en el roto que dejan cinco años de bloqueo y de creciente deterioro

Todo este despropósito se derivaba, esperemos, de la propia precariedad del Consejo, prácticamente reducido en los últimos tiempos a una actuación de filibusterismo antigubernamental. Sí o sí, el nuevo Consejo deberá poner orden en el roto que dejan cinco años de bloqueo y de creciente deterioro. Si el propósito declarado del gobierno y la oposición es despolitizar la justicia, habrá que tener en cuenta que el viaje es de ida y vuelta.

De ida porque es, en efecto, necesario replantear el equilibrio entre el poder legislativo y el judicial. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que haya que transferir ese poder a unas asociaciones que tienen otras funciones pero desde luego no las constitucionales. Como asociaciones profesionales que procuran sus propios intereses y sería un mayúsculo error creer que coinciden necesariamente con el interés general. Ni la Asociación Profesional de la Magistratura ni Jueces y Juezas por la Democracia tienen más significación que, pongo por caso, la Asociación de Historia Contemporánea a la que yo pertenezco y a nadie con un mínimo de sentido común se le ocurriría proponer que fuera esta asociación la encargada de controlar las comisiones que deciden las plazas de catedráticos de la especialidad. Agremiar la justicia no es definitivamente una buena idea.

Y de vuelta porque hace falta también mayor claridad en las leyes que regulan la administración de justicia en toda su amplitud para evitar que determinados jueces puedan sentirse llamados a interferir en el curso de las decisiones políticas. Despolitizar la justicia es también delimitar de manera precisa la función jurisdiccional al ámbito estrictamente judicial. Para lo demás, se cuelga la toga primero.