El acuerdo entre el PSC y ERC ha hecho completamente prescindible que asome la cabeza el culebrón agosteño, bastante tenemos con la realidad. Los juicios más ponderados al respecto señalan dos evidencias: que la táctica de Sánchez consistente en probar una y otra vez la resistencia de las costuras del Estado no cesa y que este acuerdo, incluso más que la amnistía, puede cuestionar el orden estatal generado bajo el paraguas de la constitución de 1978.

En mi opinión, estos análisis son inapelables. Si me tomo la molestia de intervenir en el debate a más de treinta grados y en días tan festivos es porque me queda rondando una duda que, como casi todo, tiendo a medir en términos históricos: ¿no ha tardado mucho en saltar a primer plano del debate público esa cuestión? No me refiero a la del oportunismo político del presidente del Gobierno, sino a la importante, la segunda, la que tiene que ver con un cuestionamiento profundo de un modelo fiscal que no necesaria, pero sí operativamente, se deriva del constitucional de 1978.

Estoy muy lejos de sostener como justo cualquier modelo de financiación basado en una relación bilateral entre un territorio y el Estado

Conviene tomar perspectiva: la constitución de 1978 contiene y avala la diferenciación fiscal de territorios españoles al grado de generar no una sino cinco haciendas diferentes (la española, las tres vascas y la navarra). Aunque es un episodio no aclarado, hay testimonios que apuntan a que Cataluña pudo ser entonces la sexta hacienda española. El hecho cierto es que la diferenciación fiscal, la hacienda propia y la relación bilateral existen en España desde el despliegue del modelo que, ahora se dice, queda cuestionado por ampliar ese principio contenido ni más ni menos que en la propia constitución.

Recordando este hecho estoy muy lejos de sostener como justo cualquier modelo de financiación basado en una relación bilateral entre un territorio y el Estado, simplemente recuerdo que, lejos de cuestionar el modelo de 1978, de hecho lo amplía (y además en unos términos que muy posiblemente se propusieron entonces). Creo que es muy importante aquí no hacernos trampas porque podría llevarnos a pensar que contamos con una base de partida justa que el acuerdo de una hacienda propia en Cataluña corrompe. No es así, sino más bien al revés.

Añadamos a ello otro factor, en absoluto menor: el artículo 5 de la constitución española dice escuetamente “La capital del Estado es la villa de Madrid”. Que esa villa haya pasado a formar parte de una comunidad autónoma en vez de conformar un distrito federal es otra de las decisiones políticas del momento fundacional de nuestro actual sistema que genera no poca ventaja a una comunidad sobre las demás, y no solo en términos fiscales.

Me temo que iremos más bien a un goteo de haciendas propias, relaciones bilaterales y negociaciones ad hoc, con este y con otros gobiernos, como ha ocurrido hasta ahora

Si alguien fuera capaz de explicar por qué justo motivo Navarra, Euskadi o Madrid deben contar con prerrogativas de las que carecen otros territorios se entendería mejor el debate en los términos en que se está dando. También si pudiéramos explicar por qué ir cediendo capacidad fiscal a cuentagotas está bien, pero no acabar generando una hacienda propia en un territorio. El texto que recoge el acuerdo entre PSC y ERC (el texto, no la exégesis periodística) no se acerca ni de lejos al modelo vasco-navarro pero sí lleva al máximo una lógica en la relación entre los territorios y el Estado que no es otra que la generada en el desarrollo constitucional originario. Ese es, a mi juicio, el verdadero problema, dicho despliegue constitucional originario a cuya lógica se han plegado casi todos los gobiernos habidos desde 1978.

¿Y si estuviera mal todo ello? ¿Seremos capaces de mirarnos realmente al espejo y reconocer que lo que es injusto es nuestro sistema desde sus propios orígenes constitucionales, o eso es pedir demasiado? No albergo esperanza alguna de que este momento político agosteño nos lleve a debatir sobre el fondo: qué Estado queremos para el siglo XXI porque el de las décadas finales del XX a lo que lleva es a esto que vemos hoy precisamente. Me temo que iremos más bien a un goteo de haciendas propias, relaciones bilaterales y negociaciones ad hoc, con este y con otros gobiernos, como ha ocurrido hasta ahora. No es que el PSOE haya comprado la mercancía averiada del nacionalismo, porque no hace falta: esa mercancía se desenvuelve perfectamente en el modelo de Estado español desde los años ochenta del siglo pasado, con o sin el PSOE en el gobierno. Lo que sí debería ser una exigencia para el PSOE es proponer cómo superamos (si es que se quiere) un modelo que se basa justamente en lo que ha terminado redondeando Cataluña. Sí, en efecto, se trataría de pensar de otra manera eso de que la nación española se conforma con españoles, nacionalidades y regiones. Quizá el problema no sea tanto la Constitución cuanto la interpretación de ese texto que se ha hecho hegemónica como cultura constitucional.