“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.” Así de contundente es el artículo 47 de la Constitución. Leer este texto que recoge la Carta Magna da bastante luz sobre lo que debería ser, y no es la vivienda en este momento.
El problema no resuelto y arrastrado durante décadas de un modelo de vivienda obsoleto, afecta cada vez a más personas. Además, y a pesar de las múltiples iniciativas que de una forma un tanto dispersa, se han ido poniendo en marcha, no parece verse una solución a corto plazo. La situación dramática para muche gente ha hecho que miles de personas salgan a la calle a protestar, mientras esperan un nuevo modelo que resuelva una situación, que tiene tintes de volverse caótica. Y la solución debe pasar, sin ningún lugar a dudas, por hacer un buen diagnóstico. No obstante, y con los datos que tenemos, no parece que tengamos en el corto plazo despejada la incógnita.
Cada vivienda que se pone en el mercado tiene más de 100 posibles clientes. Complicado gestionar estos demoledores guarismos
El problema está claro, hoy por hoy no hay vivienda suficiente para las necesidades que deben cubrirse, y eso hace que la que hay se encarezca tanto, que nos vemos obligados a destinar un porcentaje excesivamente elevado de nuestro sueldo para poder pagarla. Y ese es el gran problema para “los privilegiados” que pueden acceder a ella, que ven como poco a poco, la casa que dista mucho de ser la de sus sueños, se va tragando sus ingresos, mientras tienen dificultades para llegar a final de mes.
Por otra parte están los menos “privilegiados” a los que les resulta imposible acceder a una vivienda digna bien en calidad de propietarios, o bien en régimen de alquiler. La cifra habla por si sola, hoy por hoy, según el Banco de España, tenemos un déficit de 600.000 viviendas, así que todo lo que sale al mercado, en compra o en alquiler e independientemente de sus condiciones, se vende o se alquila. De hecho cada vivienda que se pone en el mercado tiene más de 100 posibles clientes. Complicado gestionar estos demoledores guarismos.
Este panorama que como decíamos es cada vez más acuciado y trasversal incide negativamente en un montón de factores. Afecta al empleo, sobre todo en lo que hace referencia a la captación y fidelización de talento; afecta también, y no precisamente de forma positiva a la natalidad; no favorece el consumo…y lo más importante, está impidiendo que una parte cada vez más numerosa de la sociedad tenga posibilidades de hacer una vida normal en esto que ha dado en llamarse el estado del bienestar.
El jeroglífico no tiene una respuesta sencilla, pero el asunto debe preocupar y ocupar a quienes toman las decisiones, que deben pensar en cómo resolverlo de forma global, y no con iniciativas sueltas
Y de momento, las respuestas que vienen empleando las diferentes administraciones no parece que frenen el gravísimo problema. Más bien parecen responder a parches deshilvanados, con pocos visos de ser realmente efectivos. Valga como ejemplo lo que pretende el consistorio alavés que ha anunciado que gravará el IBI en un 50% para los propietarios de viviendas vacías. Una iniciativa que ni siquiera sabemos a cuantas viviendas afecta, pero que en cualquier caso, tampoco garantiza que esas casas vacías se pongan en circulación. Y así muchas otras actuaciones sueltas que no responden a una estrategia en el corto, medio y largo plazo.
Parece claro que parte de la solución pasa por construir muchas más viviendas sociales, a las que se acceda a través de alquileres baratos, viviendas que además no pueden terminar siendo propiedad de alguien, porque incurriríamos en errores ya cometidos. Y una vez se tengan esas viviendas sociales, que se prometen a miles en campaña electoral pero que luego no cristalizan, su acceso tendrá que ser los suficientemente flexible para que estén al alcance de quienes más lo necesitan.
El jeroglífico no tiene una respuesta sencilla, pero el asunto debe preocupar y ocupar a quienes toman las decisiones, que deben pensar en cómo resolverlo de forma global, y no con iniciativas sueltas que acaban siendo contraproducentes.