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La memoria no es la historia, la memoria es una percepción subjetiva en cada momento. La verdad, no puedo estar más de acuerdo con esta frase verbalizada por el nuevo director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos -Gogora, Alberto Alonso.

A partir de ese momento, ni entiendo, ni comparto algunas de las afirmaciones realizadas por responsable de Gogora. Puedo asimilar el ansia de quien recoge una nueva responsabilidad y quiere impregnarla de un sello propio, diferenciador, distinto.  Pero una inclinación, casi doctrinal, en la que la asunción de la responsabilidad del Departamento de Justicia y, por tanto de Gogora, recae en manos del PSE por primera vez desde la desaparición de ETA, parezca nacida bajo el lema: contra viento y marea ¡qué se note el cambio equipo!, me obnubila. 

Hacer referencia a la utilización torticera que se ha hecho de la memoria e incluso de la víctimas con motivo de la reforma que permitirá conmutar penas cumplidas en otros países de la UE sería muy matizable en cuanto al ámbito geográfico donde este debate está pendiente. En Euskadi, en mi opinión, esta cuestión concreta está superada tanto en la escena política como en la sociedad

No son pocos los retos que aún nos quedan por transitar en el camino de la convivencia, y ahí es donde debe permanecer el foco de Gogora y de sus responsables

Los aires contaminados del Congreso de los Diputados de Madrid y el bochornoso espectáculo protagonizado por sus señorías nos habla de la necesidad de denunciar ese manoseo más allí que aquí.

La perversa utilización por intereses políticos de las víctimas de ETA y su dolor, afirmando que ETA está más fuerte que nunca, se circunscribe a los discursos de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y a un enjambre político de picotazo del mosquito de la M30 al oponente hasta tumbarlo por KO con cualquier ignominia.

Claro que aquí hay una larga tarea por delante. No son pocos los retos que aún nos quedan por transitar en el camino de la convivencia, y ahí es donde debe permanecer el foco de Gogora y de sus responsables.

Precisamente, a raíz de todo el escándalo montado por la transposición de la directiva europea, me ponía en contacto con víctimas de ETA para conocer su opinión y sus sensaciones al calor de la polémica generada en terreno político. Lo primero que me decían es que querían permanecer alejadas de la disputa partidista y lo segundo, es que para ellas era indispensable que ante el escenario de excarcelaciones que se iba a producir, era fundamental trabajar en la deslegitimación de la violencia de las personas que la ejercieron.

La reparación que para ellas supone el reconocimiento de los victimarios de su responsabilidad en el dolor generado, sobrepasa con creces a la permanencia acrítica en prisión. Comparto con estas víctimas que este es el trabajo de la sociedad vasca y de sus instituciones.

Los villanos serán siempre los que trasgreden el mínimo común denominador de falta de respeto de los derechos humanos y las víctimas las sufrientes de sus acciones

Por otro lado, Alberto Alonso decía que había que superar el relato de héroes y villanos porque hemos sido tendentes a la simplificación. A veces creo que si la película no la entiendo, quizá sea porque no me han explicado bien. Por supuesto que los asuntos de la memoria son complejos de abordar, por descontado que la verdad única y verdadera solo está en manos de Dios para los creyentes, pero los villanos serán siempre los que trasgreden el mínimo común denominador de falta de respeto de los derechos humanos y las víctimas las sufrientes de sus acciones.

Por último, el director de Gogora hablaba de ir normalizando actos como el de la Guardia Civil en Vitoria-Gasteiz el 12 de octubre. Me asaltan muchas dudas ante esta afirmación si tenemos en cuenta que la memoria debe incluir la misma reparación y justicia para igual vulneración de los derechos humanos.

Sin embargo, nuestra historia reciente está llena de condenas ínfimas, indultos y ascensos a torturadores confesos de la Guardia Civil cuyas víctimas no han sido reconocidas a través de una verdad judicial, ni reparadas en la medida que lo han sido otras víctimas.

En segundo lugar, sería exigible pedir claridad al Gobierno actual para acabar con el oscurantismo de lo sucedido en el atentando del Bar Aldana o en el caso de Mikel Zabalza, por poner dos ejemplos de los tantos que permanecen clasificados. Bajo el manto del secreto oficial se está evitando alumbrar verdad, reparación y justicia.

Diría más, la seguridad nacional no se siente amenazada por la desclasificación de estos documentos, sino más bien este silencio administrativo solo viene a proteger a ciertas personas aún hoy en día.

Y por último, ¿por qué desde una aspiración política legítima como el nacionalismo vasco se debería normalizar la celebración del día de la Hispanidad de un cuerpo militar y policial español como la Guardia Civil?