Andan las togas revueltas, prometiendo salir de marcha en unos días para protestar por la reforma que se tramita en las Cortes del acceso a las carreras judicial y fiscal, así como de reforma del estatuto fiscal.

Casi un ochenta por ciento de la afiliación a las mayoritarias asociaciones conservadoras en ambas carreras apoyan las acciones de protesta contra dicha reforma. Apelan, ni más ni menos, a que, de prosperar, conllevará una merma considerable de la necesaria independencia de ese poder que encarnan cada uno de los miembros de la judicatura.

En el comunicado en que anuncian sus acciones de protesta, estas asociaciones vienen a confluir en el juicio de que, en su conjunto, suponen “un serio retroceso en el Estado de Derecho”. Palabras mayores al final de este texto que remachan las no menos gruesas de su principio: “afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como al propio Estado de Derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial”.

La única pega que cabe oponer a este comunicado es que nada de esto se prueba de manera fehaciente ni parece concordar, en principio, con los elementos más centrales de la reforma que inicia su trámite parlamentario, como ya han señalado otros juristas y expertos.

Les soliviantan extremos de la propuesta del ministerio de Justicia como la previsión de becas para facilitar la preparación de las oposiciones del turno libre de acceso a ambas carreras

Se me hace que estas asociaciones están, en esta ocasión, más en la defensa corporativa que en la del Estado de derecho o de la independencia del poder judicial. Les soliviantan extremos de la propuesta del ministerio de Justicia como la previsión de becas para facilitar la preparación de las oposiciones del turno libre de acceso a ambas carreras o que sea el propio Estado quien se ocupe de facilitar la preparación de los opositores.

También que se prohiba que las asociaciones de jueces y fiscales reciban financiación por parte de empresas, partidos u otras asociaciones, es decir, financiación privada. Malestar les genera así mismo que las elecciones internas para las salas de gobierno se hagan universalizando el sufragio y mediante candidaturas individuales.

No se alcanza a ver bien en qué puede afectar a la independencia del poder judicial que se abra su acceso a grupos sociales que mal pueden permitirse cuatro años de preparación viviendo del aire o que no tienen el acceso a preparadores con el que cuentan otras familias.

Que en las elecciones se eluda la intermediación de las asociaciones, tampoco parece muy atentatorio contra la independencia judicial

Que las asociaciones de jueces y fiscales no tengan que deber favores financieros a privados parecería, en principio, que más bien obra en beneficio de su independencia, aun mermando sus ingresos. En fin, que en las elecciones se eluda la intermediación de las asociaciones, tampoco parece muy atentatorio contra la independencia judicial.

Ciertamente, el poder judicial tiene muy fundadas quejas acerca de las condiciones en las que ejerce su trabajo, tanto materiales como ambientales. Uno de los mejores magistrados del país, Manuel Marchena, acaba de publicar un interesante libro que, no sé si por imperativo comercial de la editorial, titula “La justicia AMENAZADA”, así, en mayúscula.

El contenido no se atiene tanto a la portada sensacionalista y analiza asuntos de la máxima actualidad e importancia para el trabajo de los jueces. La figura del fiscal general, el aforamiento parlamentario, la acción popular, la violencia de género, la inteligencia artificial en el proceso judicial, el Consejo General del Poder Judicial… de todo menos algo que realmente preocupa o, al menos, arroja ciertas dudas en la ciudadanía acerca de la actividad de algunos jueces: el uso de su poder en ocasiones para influir en la marcha política del país. Lo que suele referirse como 'lawfare'.

Es pronunciar esta última palabra, o insinuar que algo de esto pueda estar dándose entre jueces y magistrados del país, y te cae encima una lluvia de adjetivos que te hacen un traje nuevo. Habría sido buenísimo que una mente judicial tan preclara como la de Marchena hubiera entrado en ese avispero.

Qué pasa cuando un juez utiliza el poder del que está investido con una finalidad que poco tiene que ver con su función jurisdiccional

A la inversa sí lo hace: de cómo el poder político usa la acción popular de manera torticera para atacar a su contrario. No explica, sin embargo, qué pasa cuando un juez utiliza el poder del que está investido con una finalidad que poco tiene que ver con su función jurisdiccional.

Del fiscal general dice Marchena, y dice bien, que no habrá más de diez casos al año en los que hace clara dejadez acusatoria guiada por el interés político de quien le nombra, siendo lo habitual lo contrario.

Lo mismo puede decirse de los jueces, que en un noventa y muchos por ciento de sus actuaciones ejercen estupendamente su poder, pero hay casos bien notorios, como 'el Neurona', por mencionar uno ya cerrado, en los que no parece que sea así.

Hay otros casos vivos que, cuando menos, ofrecen dudas respecto de los motivos por el que actúan algunos jueces. No se ha oído a ninguna de las asociaciones que se manifiestan contra la reforma en trámite, no se lee en el libro de Marchena, no se siente al Consejo General del Poder Judicial al respecto.

Es como si la defensa corporativa de la profesión que, no lo perdamos de vista, es un poder del Estado, impusiera silencio. Puede que la amenaza para la justicia esté en parte en ese corporativismo.